El Licenciado Juan Francisco Alcaraz García, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A. C.,

se manifestó de acuerdo con el planteamiento presentado ante el Congreso del Estado, por parte de la líder de los abogados organizados del Estado Licenciada Alba Flores Domínguez, para que las propuestas para integrar el Consejo de la Judicatura, sean resultados de foros de consulta y análisis entre el gremio de abogados y las organizaciones de la sociedad civil.
En un encuentro con el licenciado Miguel Francisco La Torre Sáenz, líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, el dirigente nacional de la CONCAM Juan Francisco Alcaraz García, estableció que la ciudadanización de las acciones de gobierno, es la forma democrática más segura de escuchar todas las voces para que en un amplio consenso, se puedan definir los criterios más adecuados para integrar las dos propuestas que conformarán el Consejo de la Judicatura.
En su momento, el Líder de la bancada del PAN, Miguel Francisco La Torre Sáenz, agradeció el apoyo brindado, estableciendo que “nuestra postura para postergar el nombramiento de las dos propuestas para integrar el Consejo de la Judicatura, busca un mejor ejercicio democrático, escuchar a las organizaciones de la sociedad y analizar en detalle los perfiles más adecuados; “consideramos que no se puede llevar a cabo acciones precipitadas o de escoger de entre amigos o conocidos, sino que el resultado sea producto de un gran consenso, libre de tintes políticos y de intereses diferentes al de la mayoría de nuestra sociedad”
Por su parte, la licenciada Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta de la FECHCA, afirmó que existe un gran interés de los 15 colegios de abogados que integran la Federación Estatal que representa, por participar en la organización de los foros de consulta, dado que la responsabilidad que tendrán los miembros del Consejo de la judicatura, demanda de perfiles con conocimiento jurídico, de reconocida preparación académica y desarrollo profesional, que permita fortalecer la confianza ciudadana, que brinde certeza y seguridad de que sus acciones vayan encaminadas al fortalecimiento de los propósitos de justicia y no de responder a intereses distintos.