«Cuando te enfermes, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro»: Quintana Roo fue un territorio de la república mexicana donde la Marina y la Defensa tenían la estratégica incumbencia federal casi en exclusiva.

Chetumal era la ciudad a donde ir para comprar fayuca (palabra ininteligible para las generaciones nacidas después del inicio y avance de la apertura comercial). Con el presidente Luis Echeverría (1970-1976) se tomaron tres decisiones para cambiar el bello y salvaje territorio, apreciado por su mar Caribe de azul cristalino y su selva acicalada por el cambio de estación, verde en la temporada de lluvias, marrón y amarillo durante el estiaje. Echeverría lo pobló, primero, con el impulso de la política agraria basada en la figura de los Nuevos Centros de Población Ejidal; después tramitó la condición de Estado de la república al territorio quintanarroense y así Chetumal se transformó en una ciudad burocrática; tercero, Echeverría fundó el desarrollo turístico más exitoso que ha tenido México: Cancún.
Si en ese entonces la legislación ambiental hubiera existido, razones habría para acusar ecocidio la construcción de Cancún y a la población que arribó de ecocidas. Pero resulta que es a partir de diciembre de 1987, fecha en la que entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando claramente se estableció un antes y un después, qué sí y qué no obligado para el Estado y la sociedad. Un parteaguas. De esa legislación derivaron normas, figuras y procedimientos, incluyendo aparato burocrático, programas y presupuesto. Todo un sector de la administración pública. Cancún ha sido el laboratorio para la aplicación de la regulación ambiental. En Cancún se ha ensayado repetidamente uno de los instrumentos de planeación más avanzados para proteger el medioambiente y alcanzar el equilibrio ecológico: el ordenamiento ecológico territorial. Presiones de autoridades, políticos y empresarios han encarecido el potencial de este instrumento. Por otra parte, el procedimiento de la manifestación de impacto ambiental (MIA) establecido con el fin de reducir o atenuar las afectaciones al ambiente ha resultado corruptible desvirtuando su propósito, generador de patentes de corzo que inhiben el cuidado del medio ambiente. Es común encontrar en la legislación clausulados que habilitan la excepción de la norma y dan origen a la máxima hágase pero no se cumpla, es el caso de la MIA. Por eso con todo cinismo la autoridad presume legalidad. ¡Fue legal! Es admiración muy usada en los últimos tres años. El abogado de FONATUR la refrenda. La ribera de la Laguna Nichupté ha sido devastada, el malecón y proyecto inmobiliario Tajamar es el último clavo al ataúd, ya desde 1993 se había creado un subcomité de protección de este sistema lagunar formado por los tres niveles de gobierno. Por qué se retrocede en lugar de avanzar. Desde siempre, las organizaciones empresariales han dicho que la Ley ambiental no es amiga de las inversiones. Los distintos gobiernos, por su parte, todos los días trabajan para atraer inversiones. Se junta el hambre con la necesidad. La lógica de las inversiones muchas veces se contrapone a la lógica de la naturaleza. Tajamar es la enésima prueba.

Salud y larga vida y luchar para vivir.