La prisión preventiva oficiosa, una medida con la que los jueces mantienen actualmente en las cárceles a más de 90,000 personas –de una población de 226,000 reclusos–, será puesta este lunes a debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producto de un proyecto de sentencia elaborado por ministro Luis María Aguilar; se trata del mecanismo por el cual se determina en automático la prisión a un inculpado antes de ser procesado, a partir de una lista de delitos.

Desde la perspectiva gubernamental, al eliminarla se “atentaría contra el estado de derecho” y se pondría en riesgo la estrategia de seguridad; desde la visión académica y de expertos, el mecanismo ha derivado en constantes violaciones a derechos humanos pues solo mantiene en la cárcel a personas sin recibir sentencia, por lo que también se ha acusado de ser una herramienta política de la justicia.

La realidad demuestra la mayor parte de las personas que están en prisión preventiva oficiosa son las que tienen más vulnerabilidad económica y menos educación; en consecuencia, menos oportunidades.

Algunos constitucionalistas que se aplique de manera excepcional, por lo que recomiendan una reforma a la misma, algo que podría derivarse del fallo que hoy se emita en el pleno de la Corte.