El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con J. Thomas Hill, presidente de la extractora de materiales para la construcción Vulcan Materials Company, reportó Reforma.

En la reunión también participaron Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma, embajador de México en el país vecino del norte, y probablemente María Luisa Albores, secretaria del medio ambiente mexicana, de acuerdo con el periódico.

La compañía, de origen estadounidense, enfrentó este mes el freno de actividades en la cantera de La Rosita, en Quintana Roo, por las autoridades ambientales mexicanas, y luego la suspensión de su permiso de exportación.

Lo sucedido en la cantera, ejecutada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sucedió ante la presunta existencia de probables daños graves a los ecosistemas, en relación con la legislación en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Además, la suspensión del permiso de exportación, que había sido renovado apenas en marzo, fue acompañada de un procedimiento que podría resultar en la revocación del permiso.

Ambas acciones gubernamentales fueron calificadas por Vulcan de ilegales y en ambas ocasiones la compañía dijo que tomaría acciones legales para buscar defender sus intereses.

Las acciones tomadas por Semarnat surgieron de una visita de inspección, sin embargo, sucedieron luego que la operación de Vulcan fuera criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que se está cometiendo un crimen medioambiental con la extracción de materiales de construcción de esa instalación.

La productora de piedra triturada, arena y grava advirtió que si la situación no se resuelve a su favor lo que resta del año sufriría un impacto de flujo operativo ajustado de entre 80 y 100 millones de dólares, equivalente al 5% del que espera reportar de manera consolidada en 2022.

Vulcan Materials mantiene desde 2018 una disputa legal contra el Gobierno de México por clausuras y sanciones administrativas en el predio de El Corchalito, también en Quintana Roo, por su supuesto aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad.