No pocos creen, porque han optado por la ceguera, que la crítica a la militarización creciente del país es una simple denostación al gobierno de López Obrador, una especie de ataque, o como luego dicen, criticar por criticar u oponerse por oponerse.

Más allá de que están equivocados, debieran valorar lo que Javier Jiménez Espriú dice en su carta de renuncia al cargo de Secretario de Comunicaciones y Transportes, porque tiene que ver justamente con la miga principal de la crítica al creciente militarismo. El ahora ex secretario dijo en su misiva con la que anunció su retiro: “El motivo (…) es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones evidentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”. Más claro ni el agua. En esa carta hay un disenso esencial que nos lleva a repensar la excesiva intervención de los militares en asuntos estrictamente civiles. Si esa tendencia continúa, se van a hacer indispensables y no faltará que en poco tiempo quieran asumir la conducción del país en una línea de alto riesgo para la construcción democrática y el fortalecimiento ciudadano de las instituciones públicas. Ciertamente Jiménez Espriú inició la entrada al gabinete haciendo gala de prepotencia, dando su venia a polémicas decisiones del gobierno, y a últimas fechas también se le empezó a implicar en hechos de corrupción cercanos a su familia. Eso daría pie a infinidad de argumentos críticos basados en su calidad personal; lo que aquí queremos destacar es la valía de cuestionar que los militares metan las narices donde no deben, violando la Constitución de manera flagrante.