Apenas el 5 de noviembre pasado se aprobó la reforma impulsada por Morena para permitirle al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador disponer de 33 mil millones de pesos que corresponden al Fondo de Salud para el Bienestar y mandarlos directamente a “la licuadora” en la Secretaría de Hacienda.

La medida fue impulsada por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero fue rechazada por los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil al considerar que se trataba de una medida centralista y que no garantiza ese dinero vaya a ser utilizado en el combate a la pandemia. Pero más allá del debate político, lo que importa son las implicaciones sociales y la afectación que se hace a las personas más pobres y que tienen la desgracia de padecer o tener un familiar con un padecimiento de los llamados catastróficos. Desde la perspectiva de Morena, expresada por quien fuera su coordinador parlamentaria y ahora es dirigente nacional de ese partido político, Mario Delgado, el Fondo de Salud para el Bienestar era un dinero “pasivo” y dadas las condiciones actuales, considerando las necesidades que se enfrentan por la pandemia de Covid-19 lo mejor era tener disponibilidad del recurso para atender cualquier eventualidad. Lo que Morena no ha terminado de explicar es el largo catálogo de enfermedades que fue eliminado del Insabi para poder acceder a ese dinero. No solamente se trata de enfermedades catastróficas “raras” o con una incidencia menor, también se priva de recursos públicos a problemas de salud de gran impacto. De entrada está la afectación que se hace a los niños con cáncer, prácticamente todos los tipos de tumores cancerígenos son eliminados, incluyendo aquellos que impactan a los menores de edad. Otras enfermedades que ya no cubre el Insabi son el cáncer de mama, una de las enfermedades que más impacto negativo tiene en la salud de las mujeres, particularmente a partir de los 40 años de edad; en ese mismo tenor se quitaron los recursos correspondientes a la atención del cáncer de próstata, también con una alta incidencia en varones a partir de los 40 años de edad. La “rasurada” de dinero que los diputados de Morena, PT y PVEM dieron al presupuesto afectó el 33 por ciento del dinero ahorrado, ahí se contabilizaban 101 mil 167 millones de pesos destinados para atender temas de salud catastrófica, particularmente de las clases más desprotegidas. Cabe destacar que, en el caso del Fondo de Salud para el Bienestar, el discurso para justificar la quita de dinero no fue el de la existencia de corrupción, en este caso se apeló a la necesidad de contar con recursos para atender la pandemia. Sin embargo, esa postura no es compartida por los partidos de oposición; tanto el PRI, PAN, MC y PRD consideraron que todo se trata de un “agandalle” por parte del Gobierno Federal y que la Tesorería de la Federación no garantiza que ese dinero realmente se destinará a atender la salud y la compra de vacunas. La medida va muy a tono con el “austericidio” que promueve el gobierno de López Obrador y corresponde a su visión de centralizar todo el dinero que sea posible para destinarlo a determinados rubros, como en este caso la salud, pero que no necesariamente terminan en lo señalado, sino que luego van a financiar los considerandos prioritarios del Presidente de la República. Organizaciones académicas, como el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, en voz de Marcela Vázquez Coronado, establecieron que faltas reglas claras de operación del fondo. Consideró que la propuesta aprobada por diputados y senadores no garantiza que esos 33 mil millones de pesos van a regresar al sector salud, incluso se pueden diluir –entrar a la licuadora de la Tesorería de la Federación—y ser utilizados en otros fines distintos a los que dieron origen a la reducción. Los antecedentes tampoco son alentadores de que ese dinero se destinará para atender temas de salud en las clases sociales más desprotegidas; el gobierno federal ha dado muestras que entre sus prioridades está destinar recursos a Pemex, a las obras faraónicas y a los programas sociales. Todo esto se inscribe justo cuando está a punto de cumplirse la promesa hecha en enero del 2020 por el presidente López Obrador de que la mejoría en los servicios de salud públicos de México serían equiparados a los de los países más avanzados en ese rubro –Dinamarca y Canadá, según lo señaló él mismo--, pero además con una garantía de existencia de medicamentos que a la fecha no existen. La fecha fatal fue el 1 de diciembre del 2020, pero en lugar de que se aprecie una mejoría, lo que existe es un franco retroceso en los servicios de salud y lo más seguro es que el presidente justifique la falta de mejoría con la pandemia y de ahí nos establezca una nueva fecha, quizá para diciembre del 2021.