El amparo mexicano, con su basta historia en el constitucionalismo del país, es una de las herramientas más eficaces que nos legó nuestro liberalismo. Ciertamente se ha hecho mucha demagogia con él, pero su esencia es fundamental.

Quienes lo ejercitan no deben ser censurados ni perseguidos, mucho menos sospechosos de conspiración. En el campo contrapuesto de intereses que existen en la república, recurrir al amparo es una forma de apostar por el Derecho; en razón de esto se apuesta por un Poder Judicial federal independiente y profesional y sobre todo que tome en cuenta que la justicia ha de ser rápida y expedita. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento banal de que su pecho no es bodega, insinuó de un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: “Tengo información y ojalá se aclare, que no sea cierto, yo no tengo un sistema de espionaje… pero la gente me informa y me dicen que hay un exministro de la Corte asesorando a quienes promueven los amparos en nuestra contra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno y que son 16 despachos de abogados”. El exministro Cosío reviró y dijo: “Respecto a lo señalado esta mañana por el presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el presidente”. Esto jamás debe suceder. Al poder público no hay porqué informarle de cómo ejercitamos los derechos las personas, a la vez que éste se debe abstener de reconvenir por esas legítimas acciones. Para el que esto escribe, tengo en el exministro a una persona altamente respetable, y me solidarizo con él porque le creo.