Sin duda que estamos ante una nueva forma de gobernar después de que asumiera el gobierno el grupo triunfador en Junio pasado ante la decisión ciudadana del cambio requerido ante la presunción de un movimiento ciudadano respaldado por un partido y encabezado por Javier Corral Jurado.

Es temprano para hacer una evaluación real de esta nueva forma de gobernar. Hemos visto acciones importantes en el combate a la corrupción gubernamental, pero no hemos percibido esos mismos avances, ni siquiera mínimos, en la seguridad y respeto al estado de derecho al vivir en medio del temor a los enfrentamientos, balaceras y ejecuciones que han seguido siendo el terror de los chihuahuenses que diariamente vivimos un grave estado de inseguridad aunado al incremento de los delitos del fuero común como el robo, el secuestro y la extorsión. Las promesas de no impunidad ante crímenes de alto impacto, sobre todo los de los periodistas Adrián Rodríguez y Miroslava Breach siguen impunes ante el silencio de quienes ahora forma parte del grupo gobernante y anteriormente tomaban la plaza para exigir el esclarecimiento de hechos muy lamentables para nuestra comunidad. Lastiman las declaraciones del fiscal Cesar Augusto Peniche ante la ejecución de un abogado, del cual solo menciona que “tenía antecedentes”, como si esto fuera la justificación para su asesinato o la justificación a su incompetencia para resolver el caso y encontrar a los responsables. Los discursos gubernamentales no tocan el tema de la inseguridad. Solo el señalamiento a los medios de comunicación y últimamente, con la detención de Antonio Tarín, a los empresarios. Es tiempo de señalar exactamente a quienes cometieron ilícitos sin pretender meter a todos en el mismo costal. Porque en el discurso dicen claramente: “los medios, los empresarios” creando en la sociedad un ambiente enrarecido y el mensaje de que todos los medios son corruptos porque callaron lo que hizo Cesar Duarte o porque recibieron recursos públicos a través de convenios y contratos o porque no señalaron las irregularidades de la administración anterior en su momento y machacando que ya no se repartirán los jugosos contratos de los cuales gozaron. Sin embargo, no hay un solo empresario, periodista, comunicador o propietario de un medio de comunicación ni siquiera señalado y sujeto a proceso alguno a la fecha. Solo un cuarteto de políticos acusados de faltas graves en su administración. En este contexto podríamos señalar ¿que todos los políticos son corruptos? Y si es así, ¡en manos de quien estamos!.. Este tipo de acciones ponen en grave riesgo la integridad de todos los periodistas y comunicadores en un estado donde la impera la violencia y esta aseveración ha sido seriamente señalada por medios nacionales y extranjeros como una realidad. La injerencia del ejecutivo en los poderes legislativo y judicial está igual que en la administración anterior a pesar de que hoy hay legisladores un poco más rebeldes a la sujeción y que pagan con su destitución o aislamiento y ya se han hecho los “ajustes” necesarios para someter al poder legislativo a las decisiones del ejecutivo en forma más tersa. Los “cambios” obligados en el ICHITAIP, o Instituto de Transparencia, ponen en evidencia los acomodos que hace necesarios esta nueva forma de gobernar que utiliza los arcaicos y legendarios métodos para lograr sus fines. La búsqueda de un auditor que sea responsable de la fiscalización y auditoría del manejo de los recursos públicos persiste pero con la condición de que sea afín al gobernador, del mismo color partidista, aunque de diferente grupo político y no mencionamos lo que ocurre en el poder judicial, batalla que seguramente veremos en los próximos días con la conformación del Consejo de la Judicatura donde ya se perfila la mano del ejecutivo. El inicio de la batalla por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya dio inicio con el proceso de descalificación a los trabajos de la propia comisión y el señalamiento de “complice” de Cesar Duarte por haber aceptado una queja del ex mandatario en la búsqueda de la protección de sus derechos presuntamente violados. Sin embargo, no han podido hacer nada para castigar sus presuntas faltas cometidas durante su administración, todo se ha reducido al discurso. Ni siquiera se ha pretendido la recuperación de los millonarios desfalcos cometidos en perjuicio de los dineros públicos. A nadie le gusta la crítica, pero el grupo gobernante debe entender que esta forma de expresar el sentir de quien lo escribe, provocando a la nueva forma de gobernar, es con el fin de que volteen los ojos hacia abajo y vean los múltiples errores que están cometiendo desde un espacio ganado por y para la sociedad. Lo más difícil, es terminar con esos viejos vicios y corruptelas que no permiten el avance de una democracia participativa ante la visión de la necesidad de seguir con las prebendas y facultades que les da el derecho de gobernar. Sí, es una nueva forma de gobernar, con mayor honradez tal vez, pero con los mismos vicios de un sistema decadente y alejado, muy alejado de la auténtica democracia. Correo: [email protected]