De las personas que nacen en situación de pobreza en México, 74% no logra ascender en la escala económica y muere en las mismas condiciones, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Esto ocurre porque en el país faltan políticas públicas eficaces que impulsen la movilidad social, es decir, que garanticen oportunidades y condiciones de bienestar a las personas de menos recursos.
Para atender esta desigualdad, la organización y otras asociaciones publicaron El México de 2024. Propuestas para la Movilidad Social. Se trata de una serie de recomendaciones en políticas públicas que pueden considerar las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República.

Las propuestas se presentarán a los equipos de campaña de las candidaturas presidenciales y a las y los aspirantes a senadurías y diputaciones.

“La propuesta que hacemos no resuelve solamente desde el Ejecutivo, sino que en gran medida requiere de la participación del legislativo. Entonces, es una propuesta que se construye en el marco de la campaña electoral pensando en el Ejecutivo, pero no olvidemos que también se eligen a los grupos parlamentarios del país”, dijo Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY, en la presentación de las propuestas.
El documento fue realizado por especialistas en cuidados, educación, mercado laboral, salud, desarrollo regional, inclusión financiera y pensiones.

La meta adicional es que estas propuestas sean consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo que diseñe el equipo que encabece el próximo gobierno federal, explicó Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del CEEY.
Entre las acciones propuestas están concretar la creación de un Sistema de Cuidados que permita cerrar la brecha laboral entre hombres y mujeres, pues son ellas quienes realizan los trabajos en mayor medida, con sueldos de hasta 40% por debajo del resto.

“Carecemos de servicios públicos en donde podamos brindar ese cuidado de forma más igual”, explicó Mónica Orozco, directora de la asociación Genders.

También plantea aumentar el presupuesto en educación en 2% del Producto Interno Bruto (PIB), para alcanzar el 5%, y atender los problemas de cobertura y abandono escolar.
Debido a que en México 43.5 millones de personas viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza alimentaria, el Centro de Estudios propone aumentar el salario mínimo de manera gradual hasta alcanzar 15,305 pesos mensuales.
En materia de salud, los especialistas convocados sugieren garantizar un abasto adecuado de insumos médico y la equidad en el acceso y calidad en la atención, además de incrementar el gasto público en salud en 1.5% del PIB.

También se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para una mayor equidad y simplificación en la asignación de recursos; la creación de un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social para Zonas rezagadas y ajustar la recaudación del impuesto predial para una distribución más equitativa de los recursos entre los tres órdenes de gobierno.