La confrontación entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, sumó un nuevo capítulo que involucra a las autoridades fiscales en contra de su negocio de telecomunicaciones Total Play, además del campo de golf Las Parotas, una concesión en favor de Salinas Pliego.

El mandatario dedicó parte de su conferencia matutina del viernes a detallar las implicaciones del fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el miércoles otorgó un amparo a Total Play en contra del cobro de 646 millones de pesos exigido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal de 2011.

“Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales porque es muy injusto cómo los trabajadores de México pagan más ISR que los empresarios”, dijo López Obrador a medios desde Baja California Sur.

La decisión fue celebrada por Grupo Salinas, el conglomerado empresarial del que forma parte Total Play, al tiempo que acusó una conducta arbitraria e inconstitucional sistemática en contra de sus empresas por parte de la federación, que respondió también el viernes a través de las propias autoridades fiscales con una explicación detallando el esquema utilizado por Total Play para incumplir sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el SAT, Total Play reportó 1.4 veces más gastos que ingresos durante el ejercicio fiscal de 2011 en al menos seis rubros, de acuerdo con una auditoría realizada por el SAT en 2014, por lo que reclamó el pago de un crédito fiscal que derivó en un litigio de nueve años.

Dicho esquema se replica en otras empresas de Grupo Salinas, las cuales adeudan 30 mil millones de pesos (1.8 mil millones de dólares) en impuestos y cuyos casos están actualmente en tribunales federales y colegiados, dijo el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

“Estas prácticas llamadas ‘planeación fiscal’ no son correctas porque es obligación de los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales”, dijo el jefe del SAT durante su participación en la reunión matutina del presidente.

Por su parte, la procuradora fiscal, Grisel Galeano García apuntó que la decisión de la Segunda Sala, la cual implica que el SAT deberá recalcular el crédito fiscal, evidenció que la cuarta compañía de telecomunicaciones fijas más grande de México omitió pagar impuestos en cinco rubros, los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores.

También aprovechó para hacer un llamado a los magistrados en el país que tengan en sus manos la resolución de disputas sobre adeudos fiscales con el conglomerado, para resolver a la brevedad esos asuntos a fin de que los mexicanos puedan reciban los beneficios del pago de impuestos al que están obligados tanto los ciudadanos como las empresas.

El presidente, en tanto, apuntó que el cobro de impuestos a las compañías de Salinas Pliego no es un tema personal, sino parte de la estrategia fiscal emprendida por su administración y que ha sido enfocada a los grandes contribuyentes. El mandatario incluso recordó que otras grandes compañías, como el minorista Walmart de México y Centroamérica; la empresa de telecomunicaciones América Móvil y la comercial Fomento Económico Mexicano (Femsa), todas gigantes de su sector, han desembolsado fuertes sumas para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

Claro que para Salinas, las medidas tomadas en torno a sus empresas, así como otros negocios, son injustificadas, por lo que tiene derecho a defenderse.

“Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los #gobiernicolas [sic] y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo”, escribió el empresario en su cuenta de X, antes Twitter, tras la conferencia de este viernes.

El empresario dijo que responderá “más adelante” a los señalamientos hechos en la reunión matutina del presidente y de momento centró su atención al conflicto por el campo de golf Las Parotas, localizado en Huatulco, en el estado de Oaxaca, y que fue concesionado a los Salinas Pliego. El campo fue tomado por elementos de la Guardia Nacional luego de declararse área natural protegida.

Los contratos en torno a la concesión del campo fueron firmados de manera legal y la vigencia de la concesión finaliza en 2027. El ingreso de la Guardia Nacional responde así más que nada a un capricho, apuntó Salinas Pliego sin mencionar de manera directa al presidente, algo que de hecho no ha hecho, aunque sí cuando se trata del gobierno en general o de otros políticos.

“Imagínense el ejemplo que se daría a nivel internacional para los inversionistas y empresarios cuando claramente @LuisaAlcalde [secretaria de Gobernación] utiliza a la Guardia Nacional para despojar a un privado de una concesión válida, legal y vigente”, dijo el empresario en su cuenta de X.

A principios de este año, el gobierno federal dijo que la concesión del campo de golf tenía una vigencia de 10 años, a partir de agosto de 2012, y que no podría haber prórroga porque traspasarían a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 16 mil hectáreas de la región.

Salinas Pliego, por su parte, asegura que cuenta con los derechos para la concesión hasta 2027, luego de recibir una extensión por parte de autoridades locales. Dijo que el gobierno propuso venderle el campo, pero él decidió que el precio no era adecuado y aseguró que lo entregaría hasta que legalmente venciera la concesión.

Previamente, el presidente López Obrador dijo que la concesión venció e incluso aseguró que le ofreció al empresario la compra del campo de golf --por entre 420 y 600 millones de pesos-- pero la oferta fue rechazada.

“A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en Área Natural Protegida este terreno se llevó a unas personas ayer, antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público”, detalló el mandatario, quien agregó que su gobierno había desconociendo la renovación de la concesión que dice Salinas Pliego que fue verdadera y legal.

"Lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento en donde supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato", agregó López Obrador.