Conacyt ha provocado una nueva estela de confusión e incertidumbre. Esta vez, en torno a la educación de posgrado.

Esto luego de sustituir el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), con 30 años de operación en el País, por el llamado Sistema Nacional de Posgrados (SNP). Un radical viraje de timón planteado desde 2019, finalmente oficializado el pasado 27 de junio por la titular de la dependencia, María Elena Álvarez-Buylla.
Hecho que ha detonado tanto inquietud como críticas entre miembros de la comunidad académica nacional.

"Me llamó mucho la atención que esté ahora la modificación de un programa relativamente estable, que era el PNPC", observa en entrevista el sociólogo Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y entre cuyas principales líneas de trabajo está la educación superior.

Con un origen que se remonta al Programa de Becas para Estudios de Posgrado y el Padrón de Excelencia, en 1991, el PNPC conjugaba aquellos programas de posgrado que, de acuerdo con una evaluación por pares académicos, contaban con la calidad suficiente como para ameritar la entrega de becas a los estudiantes que ahí se inscribieran.

"Ese modelo se viene desarrollando prácticamente los últimos 20, 25 años, y ahora se busca darle un corte muy drástico en el que sea el criterio de Conacyt, me parece a mí, el que va a prevalecer en la elección de los programas que van a ameritar la entrega de becas a los estudiantes", apunta Rodríguez.

Si bien era claro que el PNPC era perfectible, sustituirlo por completo por un nuevo sistema parece, a ojos de los especialistas, algo que no hacía falta.

"Francamente, no. Sí había errores en el PNPC, sobre todo en términos de evaluación. Y creo que las quejas y los reclamos eran, generalmente, en términos de cómo se evaluaba, de que se volvía muy estricta la evaluación del posgrado", comenta la socióloga Cristina Puga.

"Y también que la beca se asigna por el tiempo que dura la elaboración de la tesis de maestría o de doctorado, entonces eran tiempos muy perentorios. Sobre eso siempre hubo dificultades y reclamos", agrega la también académica de la UNAM. "Pero eso no han dicho que va a cambiar; no han dicho que van a dar las becas por más tiempo".

Entre lo que sí se ha dicho, figuran una serie de cambios y modificaciones que, contrario a lo que se busca, parecen acarrear una serie de dificultades e incógnitas.
Así es el nuevo SNP

Una de las principales modificaciones con el SNP, que de acuerdo con Álvarez-Buylla ha comenzado a operar de forma transitoria durante la primera mitad de este 2022, es que ahora los estudiantes solicitarán las becas de manera directa, sin intermediarios.

Lo cual, aseguró la titular de Conacyt, reducirá tiempo y costos de gestión por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como carga administrativa a los coordinadores de posgrado.

Sin embargo, no todos perciben que vaya a funcionar de esa manera.

"A mí me parece volverlo más burocrático, porque ya el posgrado sabía cómo hacerlo", opina Puga, coordinadora del posgrado de ciencias políticas y sociales en la UNAM de 2012 a 2016, recordando que anteriormente un programa que había tenido una buena evaluación y un número estable de estudiantes inscritos recibía más o menos el mismo número de becas el siguiente año.

"La aplicación directa, sin intermediarios, para solicitud de becas sólo generará más errores en los procesos; trámites incompletos o tardados; desfase respecto a tiempos administrativos internos en las instituciones -públicas y privadas-, e incertidumbre sobre la respuesta", criticó en Twitter, por su parte, el químico Miguel Ángel Méndez Rojas.

Aunado a esto, quizás el cambio más significativo con el nuevo SNP sea el haber transferido a la SEP la responsabilidad de evaluar qué programas de posgrado estarán o no acreditados, para que posteriormente Conacyt desembolse los recursos. Lo cual resulta por demás problemático, en tanto la acreditación de calidad de programas de cualquier tipo no es algo que actualmente la SEP realice.

De acuerdo con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el recién creado Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), derivado de la Ley General de Educación Superior, desarrollaría el mecanismo "acreditador" de los posgrados a través de su Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

No obstante, el SEAES es todavía un proyecto en fase de diseño que estaría listo hasta enero del 2023, según Concheiro.

"Y creo que la decisión de cuáles posgrados sí (estarán acreditados) y cuáles no va a recaer, por lo menos de inmediato, en el Conacyt, y no en la SEP. Porque la SEP no tiene los instrumentos para hacer esa validación a través de alguna forma de evaluación", remarca Rodríguez.

Si se toma en cuenta que entre las motivaciones para desaparecer el PNPC está la presunta discriminación hacia ciertas áreas y disciplinas, cabría esperar todo un reordenamiento de los posgrados, acreditados al gusto del propio Conacyt y su titular, quien ya refiere como uno de los criterios del SNP las "áreas prioritarias".

Es decir, y a la manera de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) o la muy criticada Agenda Nacional que plantea el Anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, serían prioridad aquellos posgrados en áreas como salud, producción sustentable de alimentos y aquellos que coadyuven a instancias estatales como Pemex, CFE y Cofepris, según detalló la propia Álvarez-Buylla.

"(Ojalá) que se diera cabida a los diferentes tipos de posgrado que existen, porque ahí está la demanda de los estudiantes. No es casual que los estudiantes estén buscando una formación de posgrado en determinadas áreas", refiere Rodríguez.

"En general, se debería responder, en primer lugar, al interés de los estudiantes, antes de al interés abstracto del Estado por desarrollar ciertas áreas", añade. "Tomar en cuenta el punto de vista de los estudiantes me parece que sería un giro dramático en cómo se manejan las cosas".

En todo caso, y como lo exigiera la Red ProCienciaMx, el nuevo mecanismo para la asignación de becas y su relación con la nueva categorización debe ser aclarado con el fin de establecer con precisión los criterios a partir de los cuales se otorgarán o no las becas correspondientes y, de esa manera, "garantizar un proceso mínimamente transparente con un número de becas mayor que el actual".

"Creo que lo que depara en este momento es confusión, y que lo que necesitamos son algunas certezas para que tanto los posgrados sepan por dónde caminar; los alumnos sepan hacia dónde encaminarse al buscar un nuevo posgrado, y que no haya un periodo grande en que empiecen a disminuir las becas que se otorgan", expresa Puga.
Y castigan de nuevo a instituciones privadas

Si algo resalta en el nuevo SNP es ese marcado rechazo de esta Administración hacia todo lo privado.

La propia Álvarez-Buylla lo ha dejado en claro diciendo que "el Conacyt no va asignar becas a posgrados dentro de instituciones de educación superior que cobran cuotas, colegiaturas o cualquier otro tipo de privatización".

"Puesto que, al privatizarse, aunque estén al seno de IES, ya están respondiendo a intereses creados, a intereses particulares que no corresponde al Estado apoyar", subrayó la ecóloga. "En este caso tendrán las IES públicas o privadas que establecer sus propias formas de sustentabilidad económica para poder becar a sus estudiantes".

Lo cual Méndez Rojas, de la Universidad de Las Américas Puebla, califica en entrevista como discriminatorio para el sector privado y sus estudiantes.

Demás está señalar que esto también va en contra de la presunta cobertura universal y el afán de "no dejar a nadie atrás y a nadie fuera" que presumiera Álvarez-Buylla, quien acusa que el PNPC "dejó de ser un tema con pertinencia nacional, con pertinencia y relevancia de Estado, para convertirse meramente en un instrumento que mediante simulaciones fue desvirtuando lo académico y también lo público".

"Es decir, se fueron debilitando los verdaderos posgrados académicos de investigación y se fue privatizando el ejercicio de la formación de posgrado", sostuvo.

Para justificar tal acusación, la titular de Conacyt presentó gráficas sobre cómo en la actualidad el posgrado privado concentra cerca del 60 por ciento de la matrícula total de estudiantes, siendo los más concurridos los de ciencias sociales y derecho, administración y negocios, y educación.

"La gran mayoría de los estudiantes en posgrado del sector privado son en maestrías profesionalizantes y no tienen beca Conacyt", revira Méndez Rojas.

De ahí que el principal criterio para la asignación de becas de posgrado con el nuevo SNP sea que los programas pertenezcan a instancias públicas. De hecho, de las 7 mil 990 becas formalizadas en el primer semestre del año -de 8 mil 190 solicitudes-, 5 mil 400 fueron para posgrados públicos, es decir, el 59 por ciento.

En contraste, apenas 255 becas fueron para IES privadas en las modalidades de investigación y profesionalizante, siguiendo el criterio de "áreas prioritarias"; "todavía se fue benevolente para no hacer un cambio drástico", dijo Álvarez-Buylla.

"Si solamente se inyectan becas al sector público, no va a ser suficiente para que resurja el crecimiento de los posgrados públicos. Las becas son solamente un elemento, tal vez ni siquiera el principal", apunta Rodríguez.

"Un posgrado implica todo: infraestructura, plazas académicas y recursos administrativos para manejarlos. Y llevamos todo lo que va de esta Administración sin presupuesto suficiente para la educación superior", lamenta.