Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que, entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.


Según registros de comercio exterior, las empresas señaladas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes a unos mil 200 millones de pesos.


Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un "acuerdo reparatorio" que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.


REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.


La nueva estructura también es operada por empresarios vinculados al régimen de Maduro que compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).


En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.


Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con comercializadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.


Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex Alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.AntecedenteHace cuatro años, la organización ArmandoInfo reveló la trama de corrupción con las despensas entregadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venzuela.


Entonces se conoció que las empresas Mass Joy Industries Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, afincadas en Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos del Gobierno venezolano. Uno de los contratos benefició a Yussef Abou, ligado sentimentalmente a la vicepresidenta de Venezuela.


Las tres mencionadas compañías hongkonesas intervinieron en 2018 en supuestos envíos de alimentos con valor de 30 millones de dólares de B-Eminent Inc., empresa de Baja California que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como "fantasma" o simuladora de operaciones.


A partir de 2019 surgieron más intermediarias entre México y Venezuela, hasta sumar más de una docena, entre ellas Gardfield Trading Limited de Hong Kong; Agrostar Supply Corp. de las Islas Vírgenes Británicas; La Jacinta y Verlimax SA, estas dos últimas de Uruguay.


En los registros consultados por MCCI consta que Agrostar Supply sirvió como intermediaria de Limari SA de CV, empresa de Naucalpan, Estado de México, que el SAT ha identificado como "fantasma" o facturera y que en 2019 documentó en aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares.ExpansiónEsta red de importadoras no sólo sirvió para operaciones simuladas de "factureras". También fue utilizada por otras empresas, como la Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV, cuyos accionistas han establecido sociedades de negocios con las venezolanas Patricia Mundarain y Mayerling Villanueva, ligadas a acusaciones de corrupción en su país de origen.


En 2019 se sumaron al envío de alimentos a Venezuela las empresas Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora de Granos del País, ambas vinculadas con IPEM y Abeto, con quienes han compartido socios, administradores y apoderados.


Entre 2019 y 2020, esas cuatro empresas relacionadas exportaron a Venezuela alimentos por 39 millones de dólares, según registros de operaciones en aduanas.


En la lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de Alpacking, ubicada en Apodaca, que envió víveres a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong Kong.ConexionesLa IPEM fue creada en abril de 2011 y tiene su domicilio en el Municipio de Tres Valles, en Veracruz. Su director es Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien tiene participación en al menos tres compañías creadas en Panamá entre 2017 y 2019: Integradora PANAM-México, Thalesis Holding Group y E.G.S. El Gigante de Sudamérica.


En la última empresa está asociado con Patricia José Mundarain Guzmán, una venezolana prófuga por desfalco a Petróleos de su país, a través de empresas fantasma.