China dijo el sábado que presionó a Estados Unidos para que elimine los aranceles de las conversaciones entre los principales funcionarios comerciales de los países.

Las conversaciones virtuales entre la representante comercial Katherine Tai y el viceprimer ministro de China, Liu He, se dieron tras el anuncio del lunes de la funcionaria estadounidense de que buscaría conversaciones 'francas' y exigiría el compromiso de Pekín en virtud del acuerdo comercial de 'Fase 1' negociado por el expresidente Donald Trump. 'La parte china negoció la cancelación de aranceles y sanciones, y aclaró su posición sobre el modelo de desarrollo económico y las políticas industriales de China', dijo la agencia estatal de noticias Xinhua después de las conversaciones, celebradas el viernes hora de Washington.

Tai tenía la intención de utilizar la llamada, la segunda entre las partes, para probar si el compromiso bilateral puede abordar las quejas de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales y de subsidios de Pekín, dijo un funcionario del USTR. 'La embajadora Tai y el viceprimer ministro Liu revisaron la implementación del Acuerdo Económico y Comercial entre Estados Unidos y China y acordaron que las partes consultarían sobre ciertos temas pendientes', señaló el USTR en un comunicado. Xinhua informó por su parte que las partes 'expresaron sus preocupaciones fundamentales y acordaron resolver las preocupaciones razonables de la otra a través de consultas'. En una sesión informativa antes de la llamada, un alto funcionario del USTR dijo que Tai le daría a Liu una evaluación del desempeño de China en la implementación del acuerdo de Fase 1, incluidas las compras prometidas de productos estadounidenses que no cumplen los objetivos. También plantearía preocupaciones sobre las prácticas económicas 'no comerciales' de China. El acuerdo de Fase 1 alivió una guerra arancelaria de larga duración entre las dos economías más grandes del mundo. Se centró en gran medida en la promesa de China de impulsar las compras de productos agrícolas y manufacturados, energía y servicios estadounidenses en 200,000 millones de dólares por dos años, junto con una mayor protección de los derechos de autor, marcas registradas y otras formas de propiedad intelectual.