José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna y quien se considera preso de conciencia desde noviembre pasado, denunció la intención del Poder Judicial del Estado de México de despojarlo de su vivienda mediante un procedimiento amañado.

En una carta entregada a Sergio Medina Peñaloza, presidente del Poder Judicial del Estado de México, informó que el pasado viernes 14 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, actuarios y personal del Juzgado esperaron a que se abriera la puerta de acceso peatonal para ingresar violentamente a la Privada de Berlín del Conjunto Habitacional Villa del Real 5ta Sección Fase I, supuestamente para notificar la Orden de Desalojo del Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente del Estado de Nuevo León.

El documento establece que la notificación deberá hacerse de manera personal, de tal manera que debió ser entregada en propia mano de Pérez Espinoza, quien percibe un procedimiento tramposo pues es del dominio público su estancia en el penal de Ecatepec.

Cuando los notificadores tocaron en la casa marcada con el número 24 de la Privada de Berlín, expuso, “preguntaron por un servidor y por mi esposa; cuando la gente que está en nuestro inmueble pidió que esperaran un momento, el personal del Juzgado dejó botada la Notificación en la puerta de nuestro domicilio”.

En la Cédula de Notificación el actuario asentó: “que la persona no quiso dar su nombre y se negó a firmar”.

El activista recordó que el Código de Procedimiento Civil del Estado de México establece que cuando una persona no se encuentra en su domicilio al ser notificada por primera vez, el Notificador y Ejecutor tienen la obligación de dejar un instructivo, donde señala el día, fecha y hora para ser notificado.

Acusó que el juez David Velázquez Vargas y el secretario Alfredo Rodríguez Álvarez, responsables del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec con Residencia en Tecámac, desde el 13 de junio de 2016 emitieron auto para autorizar el desalojo con uso de la fuerza pública: “con 4 meses de anticipación viene esta resolución para poder actuar una vez que se venzan los tres días que nos dio de termino el Juez de Monterrey sin habernos notificado de manera personal”.

Las Constructoras y Sofoles, enfatizó, saben de sobra “que yo me encuentro detenido desde el pasado 4 de noviembre del 2015, principalmente los Apoderados Legales del Despacho denominado Hernández Contreras, Martínez & Fitchs, Abogados, por lo que el juez tiene la responsabilidad de notificarme de manera personal al interior del Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec de Morelos, pero no lo hace porque está en proceso un Juicio de Amparo.

“Mi esposa no puede ser notificada por la persecución del gobierno de Eruviel Ávila”, señaló.

“Le exijo que cese la disputa personal y enfermiza que tiene el Poder Judicial del Estado de México en contra de nosotros, porque ahora son los Juzgados Civiles quienes a toda costa nos quieren arrebatar nuestro patrimonio”, solicitó, tras demandar la reposición del proceso de notificación para que se realice la notificación conforme a derecho y se evite la confrontación entre los integrantes de la Policía Municipal de Tecámac y del Frente Mexiquense.

Veneranda Mendoza Herrera