El pasado miércoles 29 de junio la diputada María
Eloísa Talavera Hernández, de Baja California (PAN), presentó ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión,

un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Ejecutivo Federal, a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de
Economía (SE), a los Titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la
Administración General de Aduanas a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), concretamente en lo que a la importación
de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América y Canadá se refiere.

La legisladora argumenta que el Gobierno Federal y las autoridades relacionadas con la
importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos o Canadá no han
cumplido con la obligación de permitir la libre importación, o han impedido u obstaculizado
dicha importación.
Sobre el particular, el sector automotor representado por la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz, A. C. (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores, A. C. (AMDA) manifiestan que, efectivamente el TLCAN establece los
requisitos para la importación de autos usados y un cronograma de apertura pero esto es
sobre la base de que LA REGLA DE ORGEN QUE DEBEN CUMPLIR LOS AUTOS
USADOS ES LA MISMA QUE LA DE LOS AUTOS NUEVOS (todo vehículo usado
importado al amparo del Tratado deberá cumplir con la regla de origen de vehículos, lo cual
implica que el exportador debe acreditar que el 62.5% de los componentes del vehículo en
cuestión son originarios de la región de Norteamérica, porcentaje calculado bajo la
metodología “costo neto con rastreo”. Esta regla de origen es la única en el TLCAN que
establece la rastreabilidad de los componentes, y por ende, adicionalmente al
porcentaje referido, establece la obligación de hacer auditorías al proveedor de “partes
esenciales”, así como acreditar que conservó durante un periodo de 5 años después de la
fecha de la firma del certificado, los registros relativos al origen del bien en términos del
Artículo 505 del TLCAN, como parte de las mencionadas auditorías a proveedores.
Asimismo, es necesario considerar que de forma unilateral y concediendo beneficios no
contemplados en el TLCAN, México decidió permitir la importación de vehículos usados que
no pudieran acreditar la integración de valor para cumplir la regla de origen, pero que
hubieran sido manufacturados en cualquiera de los países integrantes del TLCAN,
mediante el pago de un arancel de tan sólo el 1% para vehículos destinados a permanecer
en la franja y región fronteriza y del 10% para aquellos a ser importados en forma definitiva
al resto del país quedando plasmado en el Decreto que regula la importación de vehículos
usados, vigente desde julio de 2011.
No obstante, es necesario recordar que este Decreto fue burlado por los importadores
mediante amparos de la justicia federal, lo cual les permitió importar chatarra, vehículos
siniestrados, vehículos robados en Estados Unidos y la evasión del pago de aranceles.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la regulación
federal terminaron con el lucrativo negocio de unos cuantos y la aplicación estricta del
Decreto por parte del SAT ha limitado la internación de vehículos usados, que en los últimos
años han acumulado más de 7.4 millones de unidades.
La importación de autos usados promueve actos ilícitos como la falsificación de documentos
(facturas apócrifas, certificados de emisiones falsos) así como conductas delictivas de
quienes están involucrados en la internación de vehículos usados al país. Exigimos a las
autoridades fiscales y aduaneras la aplicación irrestricta de la ley y una revisión detallada
de estas prácticas ilegales que burlan el estado de derecho.
En opinión de la industria automotriz, los legisladores federales deben de ponderar el
fortalecimiento de la economía formal, el respeto a la legalidad, los derechos de los
consumidores y el cuidado del ambiente por encima de la protección a grupos que defienden privilegios indebidos.