Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por militares en 2002, los actos de amenazas e intimidación en su contra y en la de sus defensores han aumentado, acusaron activistas.

Estamos luchando para que lleguemos vivos y vivas a la CIDH. (Los agresores) no se conforman con amenazar y maltratar a los defensores, sino también a las niñas (hijas de Valentina e Inés). Qué cobardes, no se vale. Lo único que queremos nosotros es justicia", expresó el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.

En el Día Internacional de la Mujer, representantes de organismos de derechos humanos y especialistas en la materia se dieron cita en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para recordar 8 años de impunidad para Inés y Valentina, que próximamente serán discutidos en San José, Costa Rica, sede de la CIDH.

El abogado de Valentina Rosendo, Mario Patrón, dijo que en 2002, el Ejército mexicano utilizó la violación sexual como método de tortura, pues los soldados insistían a ambas mujeres que revelaran información. Después, las violaron.

Después de 8 años, las amenazas en contra de Inés y Valentina, así como de sus familiares y defensores han incrementado.

El hermano de Inés, Lorenzo, fue asesinado el 10 de febrero de 2008.

El 11 de diciembre de 2009, dos sujetos abordaron a la hija de Valentina, Jeny, de 8 años de edad, e intentaron secuestrarla.

Tan sólo por el caso de Inés, la CIDH ha solicitado medidas cautelares para 108 defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero.

Sin embargo, las personas amenazadas denuncian que no han recibido la protección que necesitan.

"(Los gobiernos federal y estatal) tratan de cubrir las formalidades, pero no hay interés de atender", aseguró Barrera.