Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo público su primer mensaje sobre el estado de la Unión, su referencia al problema migratorio de más de 12 millones de indocumentados se limitó a mencionar la necesidad de arreglar “un sistema que está roto”.

Para millones de hispanos que escuchaban atentamente, la ausencia de la expresión “reforma migratoria humana y amplia” —que utilizó como gancho publicitario a lo largo de su campaña por la Presidencia—, no pasó inadvertida. Para muchos, el hecho de que Obama pasara de puntillas sobre el espinoso asunto de la reforma migratoria confirmó que, más que un compromiso, el mandatario hizo de su primer mensaje a la nación un recuento de fracasos y promesas incumplidas en el primer año de su gobierno, particularmente en lo que toca a los hispanos e inmigrantes.

La frustración de la comunidad inmigrante se hizo patente de inmediato y, en una apurada estrategia de control de daños, la asesora presidencial, Valerie Jarret, convocó a un grupo de medios hispanos en la Casa Blanca para contener el enojo y la impaciencia de un sector cansado de promesas incumplidas.

“El presidente no tiene absolutamente ninguna intención de que la migración quede en el olvido”, aseguró Jarret. Pero el daño ya estaba hecho. La parquedad de Obama en su mensaje a la nación, en un gesto que dejó entrever el miedo a destapar un debate que sigue dividiendo a la nación, fue interpretada como el abandono de la “audacia del cambio” que prometió a los latinos, mientras éstos le impulsaban a la Casa Blanca con el 66% de sus votos en las urnas.

Seguridad, la prioridad

Cuatro días más tarde, la sensación de frustración y enojo entre la comunidad latina volvió a sacudir las bases del movimiento proinmigrante. La difusión del presupuesto enviado por Obama al Congreso, confirmando la petición de cuatro mil 600 millones de dólares para reforzar la vigilancia fronteriza y completar el primer tramo del “muro virtual” entre México y EU, demostró que la prioridad del presidente es reforzar la frontera con México, antes que acometer la defensa de la reforma migratoria.

A este presupuesto se añadieron mil 600 millones de dólares que la administración destinará para proseguir con una intensa campaña de localización y deportación de indocumentados “con antecedentes criminales”.

“Es lamentable ver que el presidente y su administración estén apoyando una campaña de limpia para deportar a la mayor cantidad de trabajadores indocumentados y sus familias, mientras la promesa de una reforma migratoria sigue en el limbo”, denunció Juan José Gutiérrez, coordinador de la coalición por los derechos plenos de los inmigrantes del sur de California.

“El 21 de marzo vamos a marchar una amplia coalición de organizaciones en Washington. Vamos a denunciar la política antiinmigrante de esta administración, que ya abandonó su lenguaje de campaña y hoy ya no nos dice inmingrantes indocumentados, sino ilegales”, dijo Gutiérrez, anunciando una primavera caliente, con la movilización de una amplia coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y proinmigrantes.

Con la convicción de que la administración sigue apostando por una política de seguridad que sólo refuerza la frontera con México, mientras criminaliza a los inmigrantes, una nutrida coalición de instituciones se ha empeñado en demostrar que la estrategia a favor de una “limpia” que arrancó con la administración del ex presidente George W. Bush, y que se ha mantenido bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), a cargo de Janet Napolitano, no es la mejor vía para salir del callejón migratorio.

Las deportaciones salen caras

“Las últimas proyecciones calculan que una política de deportación masiva de indocumentados supondría un gasto de 2.6 billones de dólares en los próximos 10 años, mientras que el éxito de una reforma migratoria de amplio alcance se traduciría en el incremento de 1.5 billones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB)”, aseguró el especialista, Raúl Hinojosa, en un estudio patrocinado por el Center For American Progress y del Immigration Policy Center.

“Esta es una razón económica convincente para apartarse del actual ‘círculo vicioso’ de las políticas orientadas sólo a la represión y que perpetúan la migración no autorizada”, añadió Hinojosa mientras la administración Obama se prepara para la primera embestida de las organizaciones proinmigrantes, que el 21 de marzo tocarán las puertas de la Casa Blanca para exigirle que cumpla con su promesa de reforma migratoria.