A través de la Consejería Jurídica se da seguimiento, asesoría y apoyo a usuarios de riego de la Cuenca del Conchos que solicitaron medidas cautelares para frenar la extracción de agua de las presas y el cese de las acciones de represión y criminalización que realiza el Gobierno Federal.

Productores agrícolas de la Cuenca del Conchos se encuentra en espera de una respuesta favorable por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la solicitud de medidas cautelares que interpusieron el pasado 4 de noviembre de 2020.


El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, señaló que este recurso se promovió a fin de garantizar la reparación del daño a la estabilidad económica, que pudiera generarse a este sector productivo durante el ciclo agrícola 2021, con motivo de la extracción de agua que lleva a cabo el Gobierno Federal en las presas de la entidad.


Como parte de las medidas cautelares, dijo, se pretende que se retire al personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano de las instalaciones de las presas del Estado de Chihuahua; y que la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acceda al diálogo, en busca de una solución al conflicto, del agua, agregó el asesor.


“Sobre todo, se requiere que se elimine esa política hídrica abusiva por parte de la federación, en cuanto la sustracción; y que se detenga la extracción del agua, porque pues no hay ahí. Estamos en plena sequía”, aseveró.


El consejero jurídico, puntualizó que por instrucciones del gobernador Javier Corral Jurado, se generó una ruta jurídica crítica, mediante la cual se pueda lograr acceder a la justicia pronta y expedita que se requiere, como es el caso de las medidas cautelares planteadas a la CIDH en este contexto.


Aclaró que se escogió a la CIDH para este planteamiento, por su ámbito de competencia y por el alcance que tienen sus recomendaciones y ordenamientos, que en este caso, estarían dirigidas al Estado Mexicano, para detener la extracción de agua, retirar la militarización de las presas, y proteger el agua y la vida como derechos humanos.


En el documento, dijo, se solicita el cese de todas las acciones gubernamentales que configuran hechos de represión y criminalización de los agricultores, así como que se establezca una mesa de diálogo que permita encontrar una solución de fondo sobre las obligaciones y asignación de agua, derivadas del Tratado de Aguas.


“Yo creo que en unas dos o tres semanas pudiera la Comisión Interamericana valorar y poder conceder, si no todas, sí algunas de las medidas cautelares. Sobre todo las encaminadas a la protección de los derechos humanos de este sector tan importante en el estado”, aseguró.


El apoyo del Estado consiste en brindar asesoría legal a este grupo de agricultores que reclaman su derecho de legitimidad como usuarios directos del agua para sus cultivos agrícolas.


Este acompañamiento se otorga en apoyo y atención a una solicitud expresa de las y los usuarios de la Cuenca del Río Conchos, informó el consejero Jurídico, Jorge Espinoza Cortés, quien destacó que este planteamiento se realiza, una vez concluida la entrega de la cuota que a Chihuahua le corresponde aportar para el pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944.


Espinoza Cortés explicó en el programa Chihuahua Adelante, que integrantes del sector productivo se han visto afectados de manera directa al no tener acceso al agua para cubrir sus necesidades básicas y en cuestión agrícola, que forman parte de sus derechos humanos, entre los que se incluye el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad, entre otros.


Otro de los objetivos es poner fin a la controversia por la falta de información fidedigna, tanto en términos de contabilidad, como de almacenamiento. Elaborar una agenda de trabajo a corto y mediano plazo, que contemple la elaboración del proyecto de servicios ambientales y agua potable para la población de la zona serrana de la Sierra Tarahumara, que es en donde se genera el agua para todos.


Por otra parte, se requiere el diseño de un plan de contingencia para afrontar la sequía en 2021, así como abordar el tema relativo a las presas en cuestión como son: La Boquilla; Francisco I. Madero “Las Vírgenes”; y “El Granero”; así como a los escurrimiento de los ríos San Pedro y Conchos.