En una votación unánime, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un amparo a las comunidades aledañas al Río Sonora en el caso relacionado con la extinción del fideicomiso que los indemnizará por el derrame provocado por Grupo México, así como protección y la conclusión del programa de remediación ambiental.

Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia, la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los afectados, considera que con esto los ministros de la Suprema Corte instituirían que el fideicomiso sea reabierto o, en su caso, definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame tóxico de la empresa propiedad del magnate German Larrea.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó el fideicomiso Río Sonora, el cual consistía en un fondo de 2 mil millones de pesos destinados a la reparación de daños tras el derrame de la minera Buenavista del Cobre al Río Sonora, el cual fue contaminado con 40 millones de litros de sulfato de cobre el 6 de agosto de 2014.

De acuerdo con la organización PODER, este es el caso más importante de los interpuestos que atrajo la Suprema Corte.

Para María de la Luz Contreras, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, el fallo a favor de los habitantes de la región afectada inyectó esperanzas en que se cumplan los compromisos contraídos antes del cierre del fideicomiso, como la instalación de una clínica para los enfermos del derrame.

Mario Salcido, también integrante de los Comités de Cuenta Río Sonora, aplaudió la decisión al considerar que “finalmente se está haciendo justicia”, pues con la resolución de la SCJN, “las empresas, como Grupo México, si hacen mal, lo tienen que remediar, y en este caso, queremos remediación, agua limpia, sin metales pesados, que es lo que hemos estado pidiendo desde hace años”.

La codirectora de Poder, Fernanda Hopenhaym, confió en que una vez que se publique “la sentencia defina mecanismos claros para que se efectúe la remediación tan esperada con la participación de las comunidades”.

Agregó que la resolución judicial “envía un mensaje importante: las empresas deben guardar los más altos estándares al realizar actividades, y evitar daños, porque de lo contario, no saldrán impunes si es que afectan a las comunidades y violan los derechos humanos”.
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Fuente: proceso.com.mx