El caso del profesor José Humbertus Pérez Espinoza empezó el 14 de octubre del 2015 cuando, como líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. interpuso una demanda contra el Concurso Mercantil en la Ciudad de Mexicali en el Estado de Baja California contra la empresa inmobiliaria Urbi Desarrollos Urbanos.

Los complejos habitacionales construidos en el municipio de Tecámac, Estado de México, no tenían servicios públicos y fueron levantados con materiales de mala calidad.

Esa batalla judicial resultó en una victoria, luego de que, a través de un amparo, lograran la detención por unas horas del ex apoderado legal de la empresa, René Jaime Mungarro, con quien llegó a una conciliación.

Resarcirían el daño a los afectados por las viviendas que vendió Urbi, cuya empresa pertenece a los hermanos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román que junto con Urbina Bedolla y están vinculados a los Urbina Bedolla (una familia política incrustada en el poder tecamaquense desde hace décadas).

Los Urbina Bedolla incluso fueron reconocidos públicamente por el exgobernador Eruviel Ávila Villegas como “sus amigos”.

Fue así que comenzó el caso de Pérez Espinoza, quien, tras ganar un amparo, fue detenido por el supuesto delito de robo con violencia a casa habitación mediante una orden de aprehensión ilegal, incomunicación y tortura por asfixia.

“Hay una orden de aprehensión contra usted”, le dijeron agentes ministeriales que en ningún momento mostraron el documento. Le colocaron las esposas y se lo llevaron dando vueltas por horas, teniéndolo incomunicado y torturándolo por asfixia, lo llevaron hasta el Desierto de los Leones en los limites de la Delegación de Tláhuac y el municipio de Huixquilucan en el Edomex, «Esa orden nunca se la mostraron», recuerda su esposa Beatriz Juárez.

Una vez trasladado al Ministerio Público de Ecatepec, lo retuvieron por el delito de cohecho. Al día siguiente, en audiencia de formal imputación, con el Juez de Control, se desahogó sin mostrar evidencias y se le acusó de robo con violencia a casa habitación.

En el expediente de la carpeta 1720/2015 al que tuvo acceso La Silla Rota, la supuesta víctima, una mujer llamada Delia Hernández, relata que su hermana le contó que Humbertus entró con una pistola a amenazar y a robar a su casa.

“Se le da citatorio a la hermana de Delia, y no se presentó. Y el domicilio de la hermana no existe; es la que hace la imputación y ya no aparece», explica Beatriz Juárez. La defensa de José Humbertus Pérez Espinoza apelo y esta fue rechazada por los magistrados mexiquenses, por lo cual interpuso un amparo, el cual falló a su favor.

Producto de la acusación infundada, se ordenó su libertad, sin embargo, como cascada vino la siguiente acusación: de la carpeta 1718/2015 de un hombre llamado Noé Zenteno Ruiz por robo a casa habitación.

Pero esta carpeta también fue desestimada por falta de pruebas, no obstante, se repitió la misma mecánica en la que el Poder Judicial del Estado no ordenó su libertad, así que nuevamente recurrieron los abogados de Pérez Espinoza ante la justicia federal quienes tramitaron otro amparo que otra vez resultó a su favor.

Según Beatriz Juárez, esposa de Humbertus, en la primera carpeta Administrativa la supuesta víctima es Delia Hernández Morales y el testigo Noé Zenteno Ruiz; en la segunda carpeta el denunciante es Noé Zenteno Ruiz y la testigo Delia Hernández Morales, en donde estas dos denuncias no pasaron la prueba para vincularlo a proceso.

Entonces cuando Pérez Espinoza estaba por recuperar su libertad le informaron que estaba sujeto a otro proceso penal, el 63/2016. Una mujer de nombre Norma Leonar Olguín quien también lo acusó de robo a casa habitación con violencia el mismo día y casi la misma hora que los dos casos anteriores y donde ahora uno de sus supuestos testigos era la mamá de Noé Zenteno Ruiz.

El 23 de abril del 2016, el Tribunal de Alzada revocó la impugnación de Pérez Espinoza y le quitaron la no vinculación a proceso que había determinado el juez y lo vincularon a proceso, para tenerlo privado de su libertad en donde se decretó la vinculación a proceso, es decir se consideró que había elementos suficientes para iniciar un juicio por robo a casa habitación con violencia.

Detrás de todo esto, considera Humbertus, estaba la mano de Aarón Urbina Bedolla, amigo de Eruviel Ávila Villegas y Enrique Peña Nieto, quien ha estado involucrado en otros casos de fabricación de culpables, como el de Raúl Palacios de 40 años, quien purga una sentencia de 50 años en el penal de Tenango del Valle desde el 2001, para que encubrieran un presunto auto secuestro cometido por un primo del político.

“Ustedes no lo hicieron, pero ustedes van a pagar lo que ellos hicieron”, le dijeron los judiciales.

Amparo colectivo

Para la defensa de José Humbertus Pérez Espinoza, se trató de una maniobra en la que la Fiscalía fue “rociando tendenciosamente” las carpetas con el fin de “poner candado tras candado al profesor”. Y esta ha sido la constante.

El recurso de revisión fue turnado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en abril de 2017, presidido por Sergio Javier Medina Peñaloza, quien repuso el procedimiento porque cuando vincularon a Pérez Espinoza dolosamente habían habilitado a dos jueces como «magistrados sustitutos» — sólo para llevar ese proceso penal —.

Por otra parte en otro recurso de revisión de amparo, Adalid Ambriz, uno de los magistrados más polémicos por estar involucrado en un caso de fabricación de delitos en contra del arquitecto que construyó su casa, Saúl Camacho Quezada, en el año 2001, de acuerdo con la carpeta 125/2014.

En respuesta el Frente Mexiquense demandó en una carta dirigida al entonces ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo siguiente:

“El 11 de abril del 2017, de nueva cuenta y de manera sorpresiva por unanimidad de votos los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con residencia en Toluca Adalid Ambriz Landa, José Nieves Luna Castro y Andrés Pérez Lozano, el pasado 11 de abril de 2017, resolvieron excusarse del Recurso de Revisión 342/2016, argumentando que estaban inconformes por las supuestas difamaciones, injurias e improperios, por haberlos denunciado por su conducta de corrupción y que ponía entre dicho la independencia del Poder Judicial de la Federación, así lo comenta su esposa”.

Meses antes de esta resolución a la apelación, en enero de 2017, se confirmó el amparo de revisión 259/2016 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el cual quedó demostrada su inocencia en la segunda Carpeta Administrativa.

Toda su historia, se dispersó de manera veloz dentro del penal de Chiconautla, por lo cual numerosas Personas Privadas de la Libertad (PPL) se comenzaron a acercar con él durante los descansos para que revisara y los asesorara en sus casos. Por esa razón, nació la llamada “revolución azul”, llamada así porque llevan uniforme de ese color quienes aún no son sentenciados.

Desde ese momento, se han organizado y han logrado acceder a sus expedientes dentro del penal, leer códigos penales de la biblioteca, y estar actualizados con la prensa. En el caso de las audiencias, se han puesto a estudiar colectivamente sus estrategias para exigir lo mínimamente a lo que está obligado la autoridad. Por ejemplo, reiterarle la violación al debido proceso y, en ocasiones, quienes no tienen defensa particular, hacer uso de la defensoría pública.

Uno de los primeros golpes mediáticos, por primera vez en la historia de las PPL no sentenciadas que llevan largo tiempo encerrados bajo la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, fue el amparo colectivo 1595/2016-III presentado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, Naucalpan de Juárez a través de Beda Gutiérrez Sarmiento y María de los Ángeles García Sambrano, representantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, ONG que Humbertus decidió fundar junto a las PPL desde prisión.

Según explica vía telefónica desde la cárcel, lo que le costó la fabricación de la cuarta 219/2017 por el delito de extorsión dentro del mismo penal, y además por escribir los artículos durante el primer y segundo semestre del 2016 titulados: “El Sistema de Justicia Penal nació muerto por la corrupción de la PGJEM”, “El Desastre Jurídico en el Estado de México” y “El gobernador Eruviel Ávila Villegas fracaso en la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”; utilizando a internos sentenciados por delitos de alto impacto quienes participaron en la fabricación de la cuarta Carpeta.

Y con poco más de 400 inculpados exigió con el amparo colectivo revisiones por fabricación de falsos delitos en las carpetas de Investigación y Administrativas, y violación a la presunción de inocencia.

Desde la cárcel

En otra carta que dirigió el profesor Humbertus, a la Procuraduría General de la República y al expresidente Enrique Peña Nieto, con fecha 3 de octubre del 2017, les solicitó en nombre de los cuatro centenares de PPL que se presentara una denuncia penal en contra del exgobernador Ávila Villegas; del exsecretario general de gobierno del Estado de México, José Sergio Manzur; del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Sergio Medina Peñaloza y del hoy Fiscal General de Justicia de la misma entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

La razón era porque, acota el documento, hicieron uso ilícito a sus atribuciones y facultades, y no existe el mínimo de operadores de justicia para operar el Sistema de Justicia Penal sin embargo, miles de personas, mujeres y hombres, están siendo procesadas y sentenciadas injustamente por una simple imputación y ninguna prueba.

También agrega que se debía convocar a la Conferencia Nacional de Procuradores para que evalúe la falta de certificación de las Instituciones de Seguridad Pública (ministerios públicos, policías, y peritos) de los expedientes iniciantes entre 2009-2017, para “que se acredite como en miles de casos no existe investigación en estos procesos y que muchos de los procesados, imputados y sentenciados, son inocentes”.

Pero todos estos actos jurídicos y simulados como uno de los documentos apócrifos que presentaron como una supuesta prueba en una de las Carpetas que le imputan con una fecha remarcada a mano; la defensa lo hizo notar y el juez aceptó la irregularidad de la prueba.

Un día después de esta audiencia, Humbertus contó vía telefónica que estaba alegre porque ya no tenía más pruebas la Fiscalía para seguirle fabricando culpabilidad. “No me han podido acreditar nada. Es un proceso desaseado”, dijo Pérez.

También comento que hasta la fecha la Fiscalía no ha sido investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de México, por la detención ilegal, tortura y por asfixia, que presentó su esposa desde el pasado 9 de noviembre del 2015, como ya lo solicitó de manera formal Pérez Espinoza, denominado “Preso Político” por el Comité Hermanos Cerezo en el informe de junio de 2015 a mayo de 2016, Defender los derechos humanos en México: La normalización de la represión política.

Pero a unos días de su audiencia, el 24 de febrero, fue trasladado al hospital enfermo por una pancreatitis consecuencia de la mala alimentación dentro del penal, y después de un proceso de dos cirugías tendrá cuidados más rigurosos; no obstante, su esposa e hijo, saben lo complejo que es ingresar a la cárcel y, también, porque no pueden acudir seguido, tras las persecuciones que dicen también han vivido.

El pasado 7 de junio el presidente del Poder Judicial mexiquense Sergio Medina Peñaloza señaló que en el Edomex no existen presos políticos. Humbertus refuta: “Medina Peñaloza nunca va a reconocer a los presos políticos porque es producto del sistema autoritario de impartición de justicia. Representa la vergüenza del Poder Judicial sometido a los designios de Eruviel Ávila. Si no hubieran investigado tantos casos”.




Fuente: contralacorrupcion.mx