La poetisa se indignó y tomó la palabra por todos nosotros: “¿De qué tiene que estar hecha una persona para no tener corazón y asesinar nada más y porque sí a una niña inocente? ¿Con qué hígado alguien se roba a una pequeña para ultrajarla y tirarla como si fuera un desecho, como si sus ojos no tuvieran hambre del mundo, como si sus gritos no debieran ser agujas? ¿Con qué cara verán las autoridades a sus familiares porque no pudieron darles una ciudad segura, donde niños y niñas puedan jugar, crecer, ser ellos en total libertad, un mundo en el que nadie debería sentirse dueño de la vida ajena, menos cuando apenas va iniciando? ¿Cómo encontrarán ellos consuelo en medio de la culpa, propia o achacada, de la incertidumbre, de la oscuridad? ¿Cuántas Camilas, Alondras, cuántos Rafitas, niños, niñas, le hacen falta a nuestra indignación temporal, cuántas personas más sin corazón están por ahí al acecho, esperando el mínimo descuido para tan fácil, tan monstruosamente terminar con una vida; hasta cuándo dejaremos de contar feminicidios/homicidios como si fueran canicas sin valor?”

Flora Isela Chacón habló por todos. Habló de la indignación, de la rabia contenida que se desborda siempre cuando se conocen estos casos de injusticia extrema, de violencia sanguinaria ejercida sobre un ser inocente e indefenso, por parte de alguien con más poder físico y más maldad. Las madres y los padres, los hermanos, abuelos, tías, se ponen mental y anímicamente en el lugar de los familiares de las niñas, de los niños ultrajados, raptados, encerrados, golpeados y finalmente torturados hasta la muerte. El dolor de aquellos es propio, se siente adentro, como si en cualquier momento pudiera sobrevenir algo similar sobre la propia familia. Tal es la indignación del pueblo y de las clases trabajadoras.


El hecho, reciente, con la sangre fresca y la carne recién sacrificada, fue el rapto, violación y asesinato, todos actos brutales, de la pequeña Seyni Camila Cobos, de tan sólo siete años de edad. A su verdugo, Juan Manuel V. G., se le acusa de ser responsable de los delitos de desaparición forzada, trata de personas, abuso sexual y homicidio agravado cometido en perjuicio de la menor. A la pequeñita la secuestraron afuera de su domicilio, mientras pedía apoyo a los transeúntes para aliviar las necesidades de su casa, en tanto que la madre atendía a otro pequeño adentro. La Fiscalía de Delitos contra la Mujer (FEM) pidió 100 años de cárcel para el asesino.


¿Y cómo reaccionaron los políticos, los gobernantes, los empresarios? El diputado local por Acción Nacional, Miguel LaTorre Sáenz, dijo que el homicidio de la pequeña es un crimen que estremece a toda la sociedad y propuso que el responsable sea condenado a muerte, pues “cualquier otra sanción resultaría mínima para el crimen que cometió”. La FEM, como ya se consignó, pidió 100 años de cárcel. Todos los partidos representados en el Congreso, los regidores de las principales ciudades, políticos de toda calaña, alcaldes, empresarios, el gobernador, se pronunciaron en contra del crimen y alzaron la voz para exigir que el culpable no reciba menos del castigo que merece. Pero igual reaccionan ante cada suceso que se vuelve relevante por la difusión que alcanza en los medios de información y que involucra la comisión de delitos y actos crueles, sangrientos, infames e infamantes en contra de criaturas indefensas. Y, sepa el ocasional lector que, no importa cuánta tinta se gaste en esas diarreas verbales, ni cuánta saliva se vierta en esas olas de declaraciones, tenga usted la seguridad de que, al cabo de unos pocos días, de una semana cuando mucho, el tema no sólo ya deja de ser relevante para la “agenda” de los políticos del sistema y los gobernantes de todos los niveles. No importa de qué tamaño hayan pretendido hacernos creer que fueron las condenas, ni qué tan altisonantes o qué tan terribles hayan sonado las propuestas de pena de muerte, de castración química: todo se desvanece, igual que el rocío matutino con la salida y subida del sol.


De la misma manera, no importó de qué tamaño fueron los supuestos, los falsos, los fingidos “programas sociales” que se “implementaron” en la colonia Laderas de San Guillemo en el reciente año de 2015, después de que se conoció que cinco niños y jovencitos “jugaron” a secuestrar a Christopher, otro niño de apenas seis años de edad, a quien terminaron asesinando con saña y a quien enterraron en medio de un arroyo. Me permito exponer ante el lector la grandilocuencia y la mentira que se vertió en esa ocasión: El día 10 de junio de ese 2015, se anunció que “A raíz de la descomposición social que ha llevado a homicidios como el del niño Christhopher de 6 años, el gobierno de Chihuahua, a través del DIF estatal, creó el Programa Territorial de Atención Social”. ¿Para qué?


Ah, para realizar “estudios serios y amplios para determinar las carencias y necesidades de las colonias que se encuentran marginadas en la periferia de la capital del estado”. Y, más grandilocuente pero igual de inútil, el secretario de Desarrollo Social anunció que “en principio, se atenderán 71 colonias que, igual que la de Christopher, se encuentran en un abandono social histórico”. ¿El objetivo? El objetivo, explicó, “es disminuir la desigualdad social y ofrecer más oportunidades a las personas de escasos recursos de estos polígonos que fueron seleccionados para su aplicación en la ciudad de Chihuahua”, y bla, bla, bla.


Pregúntele a cualquier colono de Laderas de San Guillermo sobre esos “programas de reconstrucción del tejido social”. No existen, nunca existieron, más allá del primer domingo cuando llegó una caravana de vehículos a vacunar perros y niños, a regalar despensitas de a 70 pesos cada una, y párele de contar: ¿a cortar cabello? ¿Y las anunciadas otras 71 colonias que se iban a “beneficiar”? Pues peor la demagogia.


Sí, puro bla, bla, bla. Traigo a colación otro ejemplo: El colapso del bordo de tierra que servía precariamente para contener el líquido de la presa de jales de la mina


La Cieneguita, de la empresa Río Tinto en el municipio de Urique, ocurrido el 4 de junio de este 2018. El incidente se convirtió en una catástrofe ambiental, social y humana, porque el derrame de los jales arrastró maquinaria, vehículos y a varios trabajadores que realizaban maniobras de contención. “Varios” trabajadores son 11 mineros cuyos cuerpos fueron encontrados destrozados y carcomidos en medio del líquido blancuzco que contenía espesas concentraciones de ácidos, de metales pesados y hasta, presumiblemente, de cianuro. Las autoridades pusieron el grito en el cielo cuando se supo que el derrame iba a llegar a la presa Huites, ya en territorio de Sinaloa, porque este vaso es el punto de partida del río Urique cuando en el vecino estado cambia de nombre a río Fuerte, que da su denominación al principal valle agrícola del país. La Profepa, que es la principal autoridad ambiental en México, dio su dictamen, mismo que, por cierto, ninguna organización ambientalista se creyó, porque el análisis químico en el que se basaron para asegurar que no había contenido de cianuro en el derrame, lo ocultaron de la vista de todos.


¿Y qué dijeron los diputados, los políticos del sistema y los gobernantes? Nada. Y es que ninguno de los mineros destrozados era pariente de ninguno de ellos.


Ningún dueño, ningún directivo de los medios de comunicación grandes o medianos, envió a un reportero a indagar en la Profepa. El propio gobierno del estado, que tiene a su disposición su propio organismo de control y de regulación ambiental en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, nada hizo porque no les dio ni siquiera curiosidad la probable responsabilidad de la empresa minera canadiense en la serie de irregularidades y de violaciones a la legislación ambiental en que incurrió y en las que incurre aun hoy en día. El Congreso del Estado, en lugar de haber propuesto y acordado la investigación exhaustiva del desastre ambiental y de la masiva pérdida de vidas a causa de la negligencia industrial, se entretiene en otras cosas más triviales.


En efecto, en vez de ocuparse en temas de trascendencia social, en lugar de tomar medidas para proteger a la niñez, a las familias, a los obreros, nuestros diputados locales no dudaron en darle su apoyo solidario y aprobar por unanimidad de votos, a una iniciativa que prohibirá y erradicará del territorio de Chihuahua, los popotes de plástico, porque “son nocivos para el medio ambiente”.


No metieron en cintura a la minera depredadora y asesina que, además de saquear las riquezas de los pueblos de la Sierra, destruye el medio ambiente, pero los diputados de Chihuahua ¡se entretienen con pinches popotitos!


Y entonces, ¿qué le vamos a responder a la poetisa? ¿Hasta cuándo dejaremos de contar feminicidios/homicidios como si fueran canicas sin valor? Porque pregunta Flora Isela: “¿Con qué cara verán las autoridades a sus familiares porque no pudieron darles una ciudad segura, donde niños y niñas puedan jugar, crecer, ser ellos en total libertad, un mundo en el que nadie debería sentirse dueño de la vida ajena, menos cuando apenas va iniciando?”


No van a ser estas autoridades las que hagan el cambio, querida amiga. El cambio a una ciudad segura para que puedan jugar, educarse, crecer sanos, en un entorno favorable a su desarrollo, para que vivan en libertad los hijos de la clase obrera, solamente lo podrán hacer sus propios padres, los trabajadores de México, cuando dejen de pensar que el cambio, los beneficios, se los traerán los gobernantes con sus promesas cada vez más elaboradas y cargadas de lenguaje falsamente popular, y se decidan, en cambio, a organizarse y a luchar en todo el país, y comprendan que su deber histórico es tomar el poder político para cambiar el modelo económico que los agobia y los oprime.