- Se trata de una intención más de utilizar el aparato del Estado para la defensa personal del presidente de la República y de un episodio más de la fase final de este régimen que está en un absoluto cinismo político.

El gobernador Javier Corral cuestionó la jurisdicidad de la controversia constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte, sin embargo, indicó que si algo teme, es porque algo debe, y en este sentido el recurso interpuesto señala una preocupación por su futuro como expresidente de México.


En entrevista con Azucena Uresti, en Milenio Televisión, el gobernador consideró el recurso promovido por Peña Nieto y parte de su gabinete, como una muy mala estrategia jurídica para defenderse de posibles investigaciones o de blindarse por la causa de Chihuahua o de otras que pudieran llegar.


Señaló que es un recurso cuestionable en términos de su jurisdicidad, sin embargo, “también hay un hecho político indiscutible: el presidente de la República está preocupado por las investigaciones de Chihuahua y esa preocupación puede ahí sí, ser contextualizada en un dicho muy antiguo, pero con una aplicación novedosa: si algo teme, es porque algo debe”.


En ese sentido, añadió que el recurso interpuesto por el presidente de la República señala una preocupación por su futuro, en términos de su condición de expresidente de México.


Abundó que Chihuahua tiene investigaciones en curso, la de Alejandro Gutiérrez, que fue una que terminó en un proceso de exoneración, en una componenda entre la Procuraduría General de la República y una parte del Poder Judicial Federal, pero que es una investigación que sí, evidentemente, toca la responsabilidad del Gobierno Federal porque se trata de un desvío que es parte de una operación multimillonaria de desvío de recursos públicos, en donde actuó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en varias entidades federativas del país.


“En el caso de Chihuahua se investigó y documentó esa operación, pero se operó toda una estrategia de impunidad para exonerar al exsecretario general adjunto del PRI, un personaje central en esta operación, en una de las investigaciones que una y otra vez hemos señalado, toca directamente al Gobierno de la República, al Gobierno Federal”, señaló el gobernador Javier Corral.


Agregó que esa investigación toca por lo pronto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que “en varias ocasiones he señalado que es muy difícil creer que esos desvíos multimillonarios que se operaron durante los meses de marzo y abril de 2016, no tuviera conocimiento el presidente de la República o incluso, no hubieran sido ordenados por él”.


En la entrevista dijo también que por el momento no conoce los alcances de la demanda presentada por el presidente de la República, solo los rasgos centrales de ella por el acuerdo de radicación que ha admitido el presidente de la Corte.


Javier Corral reiteró que todo esto se trata de un episodio más de la fase final de este régimen que está en un absoluto cinismo político, donde a las declaraciones primero del secretario de Gobernación en el Senado de la República en defensa del exgobernador César Duarte, en la que incluso entró a clasificar los delitos como “no graves”, se suma esta intención del presidente de la República de utilizar el aparato del Estado para su propia defensa personal.


En cuanto al caso de César Duarte, el gobernador de Chihuahua explicó se toparon con pared, pese a que la Fiscalía General del Estado ha hecho todo lo conducente para traerlo ante los tribunales.


“Como ustedes saben, en materia de extradición, las instancias que son las encargadas de esa gestión es, en primer lugar la Procuraduría General de la República y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, esto a través del Tratado de Extradición y ahí es donde nosotros nos hemos topado con pared, con una serie de tácticas, primero dilatorias, luego un criterio selectivo, donde unas (solicitudes de extradición) si se envían otras no y se han detenido las de mayor relevancia tanto en monto como en los actores involucrados”, añadió.


Ha sido, dijo, una falta de voluntad del Gobierno Federal del presidente Enrique Peña Nieto, o más bien, ha sido una acción protectora al exgobernador de Chihuahua, lo que ha impedido hasta este momento su extradición.