Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de las modificaciones hechas por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y remover al presidente del pleno como consecuencia de la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en actos que solo competen al poder Judicial como lo es el nombramiento del presidente del pleno, el razonamiento que hacemos los ciudadanos no puede dejar de lado el actuar de los Legisladores del Congreso del Estado de Chihuahua.

Porque desde nuestro muy particular punto de vista, solo hay tres factores que motivaron a los 23 legisladores que votaron a favor de la propuesta del diputado Miguel Latorre, para que a pesar de violar el mandato constitucional referente a la división de poderes, metieran las manos en la destitución del presidente del Pleno Gabriel Sepúlveda para así operar el nombramiento del hoy derrocado presidente del pleno Julio Cesar Jiménez Castro. Y no es ocurrencia, ni es por hacer leña del árbol caído, es un fallo de la Suprema Corte y simplemente obliga un ejercicio de análisis ciudadano que sirva a los legisladores para que tengan claro lo que no se debe hacer sin el análisis y la reflexión previa para evitar el supuesto de tener la mente clara y el dedo lúcido. Los factores a los que hacemos referencia refieren; 1.- La Ignorancia; desconocimiento de las leyes y los alcances que pueden tener las decisiones que emanan desde el órgano legislativo y que pueden beneficiar o perjudicar a las instituciones y a la propia ciudadanía. 2.- La Apatía; o el estado de indiferencia donde la única preocupación del legislador es esperar la respectiva dieta y aprovechar al máximo los beneficios económicos y políticos que representa mantener su curul sin importar mucho el sentido de las decisiones que se tengan que tomar en el pleno. 3.- La Sumisión; el acatar la línea que desde la oficina del ejecutivo se dicta con absoluta sumisión confiando en que es la decisión correcta porque beneficia los intereses de quienes están en la otra ala del poder y existe el interés de permanecer bajo su sombra y cobijo. Pero cualquiera de estos tres factores son sin duda elementos que los ciudadanos repudiamos y que no deben ser la manera de actuar de quienes representan, ya sea por el voto directo en su sector electoral o por la representación lograda en las urnas para su partido político. Nos queda el sabor amargo de que la Suprema Corte no instituyó sanción alguna para quienes se aprovecharon de su posición como legisladores para violentar nuestra Carta Magna. No señores; no se vale decir que se vale violar la ley para lograr el objetivo del bien común cuando ese “bien común” corresponde a una visión parcial de las cosas. Correo: [email protected]