Representantes de los tres poderes de Chihuahua trabajan en el análisis de la reforma constitucional que, dentro de la administración de la justicia federal, establece nuevas figuras en materia laboral que deberán implementarse próximamente en el estado.

Conforme a declaratoria emitida por el Senado de la República el pasado 7 de febrero, se ordenó la creación a nivel local de un organismo público descentralizado que tendrá a su cargo la función conciliatoria para solucionar las diferencias entre trabajadores y patrones.

Ese organismo atenderá el trámite de los conflictos individuales, derivados de las relaciones de trabajo a cargo de los poderes judiciales de cada estado, de acuerdo con la reforma a los artículos 107 y 123.

Para definir cómo y en qué tiempos se operarán esos cambios, se realizó una reunión el pasado 21 de febrero en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que encabeza Ana Luisa Herrera Laso.

En representación del Congreso del Estado estuvieron Francisco Hugo Gutiérrez Dávila y Enrique Acosta, secretario de Relaciones Interinstitucionales y de Asuntos Legislativos, respectivamente.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia, acudió Francisco Javier Molina Ruiz, director general de Administración.

En la reunión estuvieron además Sergio Alejandro Madero Villanueva, director general de Justicia Laboral y Juan Ramón Herrera Pedroza, presidente de la Junta Local de Conciliación de Chihuahua.

Las partes acordaron la formalización de los trabajos a través de una Comisión Conjunta, la que en breve se concretará mediante la firma del documento respectivo.

En el encuentro se delinearon los aspectos a determinar durante el año que la propia reforma contempla para la expedición de la normatividad secundaria, la cual establecerá los tiempos y términos para la desaparición de las juntas y la creación de los nuevos juzgados.

Se deberán tomar en cuenta los aspectos de infraestructura y presupuestarios que se requieran conforme a la experiencia que actualmente tiene el Poder Judicial en la implementación de los sistemas de justicia oral.

En cuanto al Congreso del Estado corresponde la adecuación del marco normativo local: modificación de las Leyes Orgánicas de los poderes Ejecutivo y Judicial, y la ley que creará y dará sustento a la actuación del organismo desconcentrado de conciliación.

Con este paso, Chihuahua inicia una importante etapa en la transformación de la justicia cotidiana para sus habitantes.