- ¿Qué es Dios? -Si lo defines mientes- Si lo buscas lo pierdes- Si lo ves te ves: Jodorowsky. El viernes 26 de junio, al despuntar la mañana por el rumbo de las Lomas de Chapultepec, el jefe de la policía de la Ciudad de México -Omar García Harfuch- fue objeto de un atentado. Él resultó herido y dos de sus colaboradores fallecieron. Como es común en el transcurrir de este sexenio, el suceso se convirtió en arma para los detractores del actual gobierno. Esos detractores, que le llaman dictador al presidente de la república, exigen una declaración de guerra en contra de la delincuencia organizada. Un camino fracasado. Nada más recordar la guerra de Felipe Calderón, fue simulación o a medias declaración de guerra, de pacto inconfesado con el crimen. Una guerra traumática cuya lección funesta -que no se ha extinguido- ha sido habituar a la sociedad, en una disposición de resiliencia ante la violencia criminal y sin posibilidades de que la justicia se haga valer.

La coyuntura y la disputa política suelen empañar la visión, la cual se agrava en la sobreexposición de los personeros que hablan desde los intereses afectados por la transformación en curso. Por ello, poner un marco vivencial de referencia para permitir un alejamiento de la coyuntura y no quedar abismados ante el acontecimiento delictivo cargado de violencia. La referencia vivencial es a la que todos podemos dar crédito porque ha acompañado nuestra biografía, a unos más a otros menos, de acuerdo con el año de nacimiento de cada uno. 1946, año en el que se estipula el nuevo nombre del partido que surgió de la revolución mexicana, el Partido Revolucionario Institucional. Los que nacieron desde 1936 y antes, les tocó vivir la formación y desarrollo del estado social burocrático, con monopolio del poder político en un partido, el arbitraje de las disputas sociales y una combinación de economía mixta (sector público-sector privado) Fórmula para la paz social que presumió el PRI. 1982, año del giro político y experiencia de vida para los que nacieron desde 1972 y antes. El inicio de la inhibición de las capacidades económicas del Estado, la navegación en el “pluralismo” y la “alternancia” políticos, bajo la participación creciente de grandes intereses económicos privados, los cuales también fueron agraciados por una liberalización comercial que resultó amañada. El fortalecimiento de los entes autónomos y la explosión y posterior habituación estructurada del crimen organizado. En contra de toda publicidad considerada o de exposición de motivos en avenimiento de la democracia electoral y el libre comercio, se estableció el estado oligárquico delictivo. Es en este periodo que la paz social se deterioró. El origen de la violencia criminal que seguimos padeciendo. 2018, el año en el que la mayoría de los mexicanos decidimos tomar un rumbo para salir de la injusticia, las desigualdades oprobiosas y el flagelo de la inseguridad. Los que nacieron en el año 2008 testificarán de manera incomparable el periodo que se abre camino, el de la cuarta transformación que se está escribiendo. El estado social de derecho. Volvamos ahora al inicio de este artículo, lo que concierne al fenómeno delictivo, a los componentes cubiertos por un manto de impunidad o que se invisibilizan con frecuencia, los que permiten al crimen organizado establecer un “poder” a todas luces ilegal. Una base social procreada por las iniquidades del mercado (que se profundizan en un mercado amañado) y el abandono del Estado precedente. Autoridades que pactan o se someten a la voluntad de los delincuentes organizados (el juicio que se ventila en Nueva York a Genaro García Luna es un ejemplo del dominio público sobre el tema) Un poder judicial connivente o amenazado por los cárteles, jueces inhibidos para hacer justicia hasta el caso extremo de ser ejecutados o ponerse en fuga por la ventana letrista. El gobierno actual ha sido explícito en su estrategia para debilitar a la delincuencia organizada en su base social. La piedra está en la colaboración con otros niveles de gobierno y en las decisiones de los jueces. Cuestión de soberanías y competencia de poderes constitucionales. A manera de ejemplo, la demanda por la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley vigente que legaliza la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad, interpuesta por una legisladora del PAN, en su calidad de presidenta de la comisión permanente del congreso de la unión. Así de complicado, pero no imposible, realizar el cambio instruido por la ciudadanía al gobierno del presidente López Obrador. Salud y larga vida. Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH @profesor_F