Michelle Bachelet no es ninguna improvisada. Haber sido presidenta de origen socialista de su país en dos ocasiones, pero más que eso, haber vivido en carne propia la persecución familiar, el secuestro y el exilio tras del golpe militar en Chile le forjaron el carácter desde pequeña. Pero ante todo, la muerte de su padre como consecuencia de las torturas del gobierno pinochetista del que no quiso ser cómplice, debieron dejarle hondas huellas.

Por eso, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sabe de lo que habla. Y también por eso su recientísimo informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela resultó demoledor. En él aborda críticamente no sólo las deficiencias sobre derechos económicos y sociales (alimentación, salud, políticas públicas) sino que también se refiere, sin tapujos, a las “violaciones de los derechos civiles y políticos” en el país sudamericano, especialmente en temas como la libertad de opinión y expresión, la “represión selectiva y persecución por motivos políticos” y “ejecuciones extrajudiciales” (entre otros, contra miembros de la oposición y personas críticas del gobierno a los que desde el madurismo-chavismo se tilda de “traidores” y “agentes desestabilizadores”). En ese contexto, el informe de Bachelet es contundente al mencionar “un excesivo uso de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno”, con el agregado de las “detenciones arbitrarias, las torturas y los malos tratos”. El informe de la ACNUDH es tan amplio que incluye a los pueblos indígenas como parte de los grupos en situación de riesgo ante el olvido, la crisis y las violaciones a sus derechos humanos de que son objeto. Antes de elaborar dicho documento, que fue dado a conocer el pasado lunes 15 de julio, Bachelet visitó Venezuela y se entrevistó con el presidente Nicolás Maduro, y tuvo oportunidad de documentar al menos “siete muertes de pueblos indígenas (sic) en circunstancias violentas” en el transcurso de este mismo año. Las conclusiones no dejan lugar a dudas. Dice el informe: la ACNUDH considera que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas” y que “durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”. Todavía remata: “Todo ello (lo anterior) ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”. Sorpresivamente, Maduro no reaccionó como se esperaba, tanto como para acusar a Bachelet de “agente del imperialismo” y enviada de Trump, sino que, tras una reunión con el gurú espiritual indio, Ravi Shankar, declaró: “Estuvimos hablando sobre la necesidad de una nueva humanidad. Me habló de la necesidad de construir la unión nacional”. Para unos fue broma, para otros una manera de subestimar el informe de la ACNUDH. Para otros más, como Alberto Barrera Tyszka, escritor, poeta y columnista del New York Times, el informe de Bachelet dejó “sin sustento a la narrativa oficial” y la retórica chavista quedó desnuda frente a la investigación de la ONU. Bachelet tiene innumerables razones para creer en la defensa de los derechos humanos, los que por sí mismos trascienden los colores partidistas; y aunque sus filias ideológicas históricas pudieran estar emparentadas con las venezolanas, en su análisis de la situación que atraviesa ese país la chilena privilegió el fundamento de las denuncias de las que hizo acopio, según se supo, de manera externa. En este sentido, Alberto Barrera ataja señalando que aunque es cierto que las entrevistas fueron realizadas fuera de Venezuela, eso no desacredita ni deslegitima la investigación. Más bien, dice, “responde a una realidad específica y a las formas con que los organismos internacionales indagan y monitorean la realidad de los llamados ‘países cerrados’”. Y se sabe que hasta antes de marzo de 2019, Venezuela no permitía la entrada de representantes de la ONU, por ello, no puede el gobierno denunciar la pocas presencia de aquella en su territorio. Apunta Barrera: “Es más fácil decir que Bachelet es una marioneta del imperio que enfrentar la responsabilidad del Estado en más de 6? mil 800 ejecuciones extrajudiciales”. El mismo escritor señala que el chavismo niega que todo lo que ocurre sea real pero, al mismo tiempo, denuncia que todo lo que ocurre es culpa la “guerra económica en contra de la revolución”. Y agrega: “Es otra forma de mudar el debate, de esquivar la verdadera confrontación. La élite que domina Venezuela necesita desesperadamente que la palabra ‘bloqueo’ aparezca en cualquier análisis. De eso depende su relato. Pero, por desgracia para ellos, la historia económica, las cifras y las estadísticas ya no pueden sostener esa ficción”. Si bien el informe indica que las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos agravan la situación social de Venezuela, estas no son la causa fundamental de la crisis. A la luz de informes como el de la ACNUDH muchos convendrán en que los responsables de la tragedia no son los enemigos externos sino internos y en poder. El análisis del columnista del NYT también es demoledor: “El informe Bachelet es un paso fundamental por restituir la noción de verdad con respecto a lo que sucede en Venezuela. Más de 6 Mil 800 ejecuciones extrajudiciales destruyen cualquier espejismo discursivo. Deja claro que la violencia, más que una amenaza extranjera, ahora es una cruda acción interna”.