Nota previa: El texto que a continuación se presenta es un análisis sobre el estado de cosas que guarda el Poder Judicial en Chihuahua, especialmente en el contexto de las recientes denuncias internas de corrupción, y contiene palabras que han solicitado hospedaje de manera discrecional en esta columna por parte de sus autores, principalmente por los desafíos que implican laboralmente su exposición pública:

Pablo González. Tal vez al escuchar ese nombre usted, amable lector, lectora, pensará inmediatamente en aquel traidor, el autor intelectual, que con el auxilio de Guajardo planeó y ejecutó la muerte, el asesinato vil de Emiliano Zapata. Sin embargo, en esta ocasión no nos referimos a ese, sino al que con habilidad y estrategia similares llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que como presidente de este, en lugar de andar viajando debería despachar y resolver los asuntos y los problemas que ahí se presentan, como el que se destapó con la denuncia que hizo el consejero Joaquín Sotelo acerca de la manipulación de resultados en el más reciente proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Hace días, Pablo González, quien también preside el Consejo de la Judicatura que llevó a cabo el tan cuestionado e impugnado proceso, en una entrevista concedida a Sergio Valles, del Canal 28 local, dijo una serie de mentiras y verdades a medias que es conveniente aclarar: Dijo: “El proceso, tanto de jueces como de magistrados, es un proceso donde hubo unas impugnaciones; todas se resolvieron oportunamente, pero ninguna, ninguna de ellas cuestionó la aplicación y la evaluación del examen inicial”. Miente: En ambos procesos, tanto en el de selección de jueces como en el de magistrados, hubo impugnaciones a los resultados de la primera etapa hechas valer en demandas de amparo interpuestas ante los tribunales federales, cuyos procedimientos no se han resuelto en definitiva. Dijo: “En el caso concreto, yo lo que advierto es que esta denuncia que el consejero plantea ante la Fiscalía, pues no tiene (sustento); por lo menos la parte que conozco, que es la parte que es pública, porque yo no conozco el contenido de la denuncia”. Lo cierto es que en el concurso de selección de jueces: 1. Se permitió que aspirantes que no obtuvieron un resultado aceptable en ese examen continuaran en el proceso, no obstante que la convocatoria señalaba que debían ser excluidos. 2. Se omitió transparentar los resultados obtenidos ¡Ni a los aspirantes se les dijo cuál fue su calificación! 3. Mas grave aún: según la denuncia de Joaquín Sotelo, el notario público que “dio fe” del examen, no elaboró el acta en la que se debía hacer constar el número de aciertos que cada uno de los aspirantes obtuvo, y tampoco se resguardaron esos resultados en un registro confiable y auditable. Dijo: “Todas las etapas de ambos exámenes fueron validadas y fueron observadas, incluso fueron públicas, transparentadas”. Pero no explicó ¿quién “validó” ese examen?, ¿lo hizo el notario en una acta por él elaborada y autorizada? ¿“Públicas y transparentadas”? A nadie se le ha permitido acceso a los exámenes. Un colegio de abogados, en cuanto se dieron a conocer los resultados del concurso de jueces, solicitó información a Pablo González (como presidente del tribunal y del Consejo de la Judicatura) y a Lucha Castro (como presidenta de la Comisión de Carrera Judicial), y mientras esta contestó a medias, Pablo González ni siquiera se dignó contestar. ¿Qué ocultan? Dijo: “En el caso del concurso de magistrados hubo dos amparos; los dos al día de hoy están sobreseídos, es decir, ya no hay materia para el amparo, y queda firme todo lo que tiene que ver con ese concurso”. Miente: Ninguno de los dos juicios de amparo de que habla (uno iniciado por un aspirante a una sala civil y otro por un aspirante a magistrado penal) se han resuelto en definitiva. No existe tal firmeza. Dijo: “En el caso de los jueces hubo un poquito más de 10 amparos que están todavía en proceso, pero hasta donde yo tengo información ninguno de esos cuestiona la parte donde se funda la sospecha que hoy se hizo pública”. Miente: Casi la totalidad de los juicios de amparo iniciados por aspirantes a jueces (más de una docena) cuestionan todas las etapas del proceso, incluido el examen inicial. González mismo, en una entrevista que se publicó el 30 de agosto en el Diario de Juárez, dijo que a esa fecha se había interpuesto un juicio de amparo en contra de la primera etapa del concurso y otro contra el resultado general del proceso. Además no dijo que el tribunal “convenció” a varios de los que se ampararon para que se desistieran y a cambio los nombró jueces (¡vaya contradicción!), y a muchos aspirantes “fracasados”, pero cercanos, los acomodó como secretarios de sala, con un sueldo igual de jugoso que el de los jueces. Dijo: “No aparece en la información que se ha ventilado, ningún dato que actualice un supuesto como para abrir un proceso”. Miente: El mismo día que se dieron a conocer los resultados del concurso de jueces, un colegio de abogados de Chihuahua (Foro de Abogados) denunció públicamente que en el concurso no hubo criterios claros para otorgar calificaciones ni una metodología que garantizara objetividad e imparcialidad, que el examen psicométrico y psicológico lo aplicó un instituto fundado y conformado por gente cercana a Lucha Castro al que le pagaron casi un millón de pesos, que no se publicaron los resultados de los exámenes como se ordenaba en la convocatoria y que nunca se conformó el Comité de Observación Ciudadano que según la ley debía vigilar el concurso de oposición. ¿A Pablo González no le parecen hechos y datos suficientes al menos para iniciar una investigación? ¿Cuántos procesos se realizan en los tribunales con mucho menos que eso? Dijo: “Quien ahora hace esta denuncia fue el más interesado en revisar cómo se integraban las calificaciones, cómo acceder a los registros; hizo una verificación física y material”. ¿Será? En esto lo desmiente el consejero denunciante Joaquín Sotelo, que lo niega públicamente y por escrito en la denuncia que presentó. ¿A quién creerle? Sencillo, como debe ser en todos los litigios: “quien afirma está obligado a probar”; Pablo González debe mostrar los registros cuya existencia e integridad se cuestiona. Además, cuando el generoso y diligente entrevistador le preguntó: “¿Hubo actas notariales de este proceso?”, González, no aquel intrigante y traidor, respondió sin contestar: “Él (Joaquín Sotelo) estuvo presente en la apertura y en la carga, en los exámenes, y también constató la presencia del notario a quien luego se le encomendó la elaboración de esas actas”. ¿Existen, Pablo González? ¿Dónde están? Dijo: “Se convocó a colegios de abogados a que presenciaron las distintas etapas”. Pero no indicó cuáles fueron esos colegios y quiénes los que asistieron en su representación. Fue algo que también cuestionó el colegio de abogados sin que Pablo González o Lucha Castro le dieran respuesta. Dijo: “No hubo nada oculto; todo fue transparente y público. En ese sentido no tiene precedente”. Miente: Fue tan transparente el proceso que a ese colegio de abogados Pablo González le negó la información que le solicitó por conducto de la Unidad de Transparencia del Tribunal. Ni público, ni transparente. Al parecer en eso es en lo único que el concurso no tiene precedente. Dijo: “Cuando uno pondera una denuncia, y se lo digo porque me he dedicado toda la vida al derecho penal, uno lo que hace es contestar las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? Y si encuentra respuestas a esas preguntas, pues entonces habría seriedad en lo que se denuncia. Si no hay respuestas a estas preguntas, pues entonces parece que no hay algún sustento real, plausible”. Justo esas son las preguntas que Pablo González y Lucha Castro deben responder: ¿Cómo se garantizó la fidelidad y la certeza de los resultados de los exámenes?, ¿qué se hizo con las actas notariales que según Sotelo debieron elaborarse para dar confiabilidad a los resultados que la Comisión de Carrera Judicial le dio al Consejo de la Judicatura?, ¿existen? ¿Quién las resguardó o escondió?, ¿qué medidas se tomaron para resguardar los exámenes y sus resultados?, ¿pueden auditarse esos y el resto de los resultados?, ¿cuándo? Si no hay respuestas serias, verosímiles, verificables, entonces los procesos y los nombramientos derivados de ellos no pueden ser confiables y carecen de sustento. Si no se quiere manchar más con la sombra de la duda y el favoritismo a los jueces que designaron, deben transparentar y hacer público de verdad todo lo que se les ha pedido. ¿O la consejera es el Guajardo de González?