La Constitución, el código más alto de la república, lo establece: México es una república laica (artículo 40); además, su artículo 41 dispone que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, prohibiendo la mediación e intervención corporativa de cualquier índole. La ley secundaria obliga a los partidos a obtener un 3% de la votación para tener un registro que les permita competir.

Actualmente, cuando el cómputo de los votos tome definitividad, varios partidos recibirán la sanción de ser privados de su registro, por ende del disfrute discrecional del dinero público que los mantiene. En estas circunstancia se encuentran, por ahora, dos partidos nacionales: el Partido Encuentro Social (PES) de reciente factura, al que le allanó el camino Miguel Ángel Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación, partido que hoy dirige Hugo Erick Flores; a su vez, el partido gordillista Nueva Alianza (PANAL), que ha sido hasta ahora una sucursal del PRI y también del PAN, que encabeza, nominalmente, Luis Castro. Ambos partidos pasan por la crisis que significa no haber rebasado el umbral del 3% y, por tanto, no gozarán del registro para competir electoralmente. Para enmendar el percance ya están pensando revisar el resultado electoral, voto por voto, la vieja escuelita cuando no queda más recurso. Padecen en común que ni se beneficiaron, ni beneficiaron a los partidos con los que se aliaron: el PES con MORENA, que lo dotó de un buen de parlamentarios; el PANAL con el PRI. Se debe aplicar la más filosa navaja de la ley para resolver en ambos casos. Ambos partidos, más allá del tamiz a que obliga el resultado electoral, violentan a la Constitución. Empecemos por el PES: es un partido confesional, que se le trata de enjaretar a la precaria democracia mexicana violentando al Estado laico. Desde muchos ángulos, dar pie a la existencia de un partido de ostentosa raigambre evangélica, es un retroceso mayúsculo. No tan sólo porque buena parte de sus dirigentes se decanten por esa visión religiosa –no regateo a nadie sus derechos políticos– sino porque a partir de ahí se dedican a socavar los fundamentos mismos de la república, en este caso en dos vertientes: la ya señalada con relación al laicismo, y la otra que va directamente en contra del artículo primero constitucional que estableció, a partir de 2011, una visión derechohumanista, en la que la discriminación de todo tipo queda proscrita. Se sabe, a ciencia y paciencia del INE, el desprecio que el PES tiene por la diversidad sexual, por la LGBT+, su agenda discriminatoria y su chata visión de la familia. No es permisible que un partido exista contra la Constitución, contra el derecho, que busque el poder en una democracia, pretendiendo ir en contra de esa democracia. Hay mucha tela de donde cortar para una defensa del laicismo mexicano, y es una desvergüenza del gobierno peñanietista haber tolerado un partido con esos fundamentos y una contradicción aberrante la que se vio cuando fue precisamente esa gente la que se opuso a la iniciativa de Peña en 2016 para dotar de más derechos y protecciones jurídicas a la diversidad de familias que se dan en México y en el mundo. No se trata, nada más, de la sobada idea de que sólo hay una familia (tradicional y entelequia), el problema es la pluralidad que existe en esa materia y que no se puede arrinconar al margen de la Constitución vigente. Por lo que se refiere al PANAL, es evidente su confrontación con el texto constitucional: sin la corporación SNTE no existiría este partido y la Constitución lo dice muy claramente: la afiliación a estas instituciones sólo puede ser de ciudadanos libres, al margen de la mediación de gremios y corporaciones. No tiene ni caso abundar en esto. El PANAL es un producto de la lenidad con la que se aplican las leyes en el país, del miedo a trastocar intereses, de la incapacidad del antiguo IFE (hoy INE) de decir que “no” con la ley en la mano, como se hace en los Estados de derecho. Afortunadamente, lo que no resolvieron las instituciones en el pasado, al dar pábulo a la existencia de estos partidos, lo hicieron los ciudadanos no favoreciéndolos ni con el 3% de los votos; por eso deben irse y, a mi juicio, además, porque estorban, y estorban bastante. Necesitamos una reivindicación anticorporativa de los ciudadanos y, particularmente, que no se permita a los discriminadores que destruyan las posibilidades de un pluralismo inclusivo y protector, como lo reclama el concepto de la dignidad humana, contra la cual, y en esta materia, ha nadado de muertito el PRI, y el PAN no supera las órdenes del Vaticano. Del partido ganador y su gobierno se exigirá congruencia con la Constitución, no ambigüedades. Ojalá y en unos días estemos sacando el pañuelo para decirle adiós a estas formaciones partidarias. No lo olvidemos, México necesita un nuevo sistema de partidos y eso empieza por respetar rigurosamente preceptos constitucionales tan valiosos como los que he invocado ahora. Al PES le digo: vayan al encuentro de los ciudadanos sin escudos religiosos y fanatismos; al PANAL: que deje de esclavizar a sus agremiados.