La capital del estado más grande de la república se encuentra en punto de ebullición. El antiquísimo problema del transporte público que confronta al poder ejecutivo con los concesionarios y permisionarios de ofrecer este servicio crucial a la población, ha agotado la paciencia de los usuarios del transporte que en su mayoría lo conforman estudiantes, trabajadores y adultos; la clase afectada de siempre

Ni en la primera gubernatura panista se pudo conciliar con lo que es considerada una de las mafias mejor organizadas en el estado de Chihuahua. Sabiéndose con ventaja por el enorme impacto y afectaciones que provoca cundo paran las unidades y asfixian el primer cuadro de la ciudad, patrones y choferes presionan más allá de los límites razonables para sacarle dinero y prebendas al ejecutivo estatal que, con tal de sacudirse el costo político que el paro conlleva, cede a unas cuantas horas de chantajes. El asunto es tan grave que fue uno de los entuertos heredados por la administración de El Recto. También fue una de las banderas más importantes que los panistas abrazaron la pasada campaña electoral para hacerse de votos. Entre promesas aseguraron que resolverían la problemática y la regresarían a su ámbito municipal. Con poco más de dos semanas en el poder, la administración de Javier Corral Jurado ha dado paso a la incertidumbre y sembrado dudas entre la población con respecto a su capacidad de gobernar. La poca resistencia a los embates del crimen organizado en la entidad que en los últimos meses se ha incrementado a niveles alarmantes y la casi nula capacidad del estado para hacer frente a los compromisos financieros con la burocracia y proveedores, han propiciado la apertura de varios frentes. Uno de los más peligrosos es con los maestros que reclaman una tajada del pastelote burocrático disfrazándolo con demandas salariales, sin soslayar la cascada de demandas en los juzgados civiles y administrativos para exigir los pagos que el vulgar ladrón no realizó. Por si fuera poco, la polémica personalidad del recién estrenado gobernador Corral ha llevado a una confrontación lamentable con la prensa local. Javier acusa que hay periodistas y medios de comunicación que linchan bajo consigna. Lo delicado de este tema es que no señala con puntualidad los nombres, lo que se advierte como un flagrante atentado a la libertad de expresión. Además, el mandatario trata con desdén y pasa el rasero a toda la prensa local, en contraste con las atenciones que dispensa a periodistas y medios de comunicación chilangos. Hasta cierto punto es comprensible que el poder ejecutivo tenga poco margen de maniobra, ya que heredó un gobierno quebrado financieramente; sumido en una profunda crisis de inseguridad; descansando sobre brasas la relación del magisterio con las autoridades educativas y rota con la de los concesionarios del transporte público. Esta mezcla explosiva amenaza con hacer estallar un polvorín que nadie desea pero que seguramente algunos cuantos están azuzándolo desde las cloacas. Aunado a lo anterior, la falacia del bono democrático genera confianza excesiva y triunfalismo. Cuidado, porque el crédito del voto amigo se agota muy rápido, particularmente cuando una sociedad como la nuestra está mejor informada. Quede bien claro que la confianza depositada en las urnas es para ejercer con responsabilidad el gobierno y no una chequera en blanco. Los que piensen que la victoria fue una patente de corso, se equivocan y deben ser separados inmediatamente del gabinete. Hasta ahora el gobierno del Javier Corral pudiese presumir los argumentos de que recibieron las arcas vacías y comprometidas a futuro; una plaza muy calientita en materia de seguridad y muy mala relación con los maestros y los prestadores del servicio del transporte. Lo que ya no puede hacer es estirar por más tiempo esos argumentos porque tienen fecha de caducidad y a partir de eso se convierten en excusas y pretextos. Es muy perjudicial para los chihuahuenses que el poder ejecutivo se lave la cara con deslindes. Cuando estaban en campaña sabían del deterioro de las instituciones y se comprometieron a rescatarlas y mejorarlas. Para tales efectos repatriaron chilanhuenses y especialistas en varias materias de la administración pública; muy chingones en palabras de Gustavo Madero. Es momento de disipar dudas y la sensación de vacío de poder. En la noche del martes 19 de octubre tras un fuerte operativo coordinado por elementos de seguridad municipal, estatal y federal, fue capturado un presunto sicario que horas antes había ejecutado a dos personas. Preliminarmente se le atribuye a este presunto criminal más de 30 ejecuciones en las últimas dos semanas, lo que supone que se conoce la identidad del sujeto detenido tras peliculesca persecución. El miércoles 20 de octubre por la madrugada, las fuerzas del orden desalojaron a los transportistas que tenían bloqueado el primer cuadro de la ciudad y retiraron las unidades que obstruían la libre circulación vial. Estas dos acciones ofrecen indicios de que sí hay Estado. Es justo recordar que una de las atribuciones del poder ejecutivo es la de usar la fuerza del Estado para hacer prevalecer el orden y garantizar la paz social. Que nadie se escame con estas decisiones, ni busque pervertirlas con la retórica de agotar (infinitamente) el diálogo, pues cuando se cae en el chantaje y la sinrazón, debe privilegiarse el bien mayor. Es claro que las cosas no pueden ni deben continuar como hasta el tres de octubre pasado; los electores le apostaron a cambiar las inercias y vicios, y eso es lo tiene que hacerse pese a las resistencias. Lo que nunca debe olvidar Javier Corral es poner en práctica la doctrina del PAN y aplicar el principio de respeto a la persona y su dignidad humana. La conquista estriba en practicarlos todos los días, como decía Manuel Clouthier: “la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días”. El gobernador y su gabinete tienen que ponerse en los zapatos de los choferes que se rompen la