Rara vez se me revuelve el estómago, y generalmente me sucede cuando voy de copiloto o sentado en la parte trasera de un vehículo en marcha; en otras ocasiones porque cierto alimento me hizo daño, o simplemente porque ingerí algunos tragos de más, más no recuerdo ninguna situación extrema o a persona alguna que me haya provocado nauseas, pero siempre existe una primera vez y se trata del senador poblano Javier Lozano.

No fue su persona sino una serie de hechos que, junto a otros personajes de la política y personeros de las mafias adineradas, aprovecharon para favorecer una alianza entre el despacho de consultoría de alto nivel que encabeza el brother del senador, el exembajador norteamericano en México durante los primeros años del sexenio foxista y el expresidente español José María Aznar. Lozano Alarcón, el senador plurinominal panista cuyo desempeño en la cámara alta ha sido cuestionado por el conflicto de intereses que representa al ser miembro de las comisiones de comunicaciones y su esposa empleada de Televisa, e integrante de la comisión de Energía, área estratégica en la que ahora buscan invertir Jeffrey Davidow, José María Aznar y Gerardo Lozano Alarcón, por medio de una singular alianza consultora. Miren mis estimados lectores, el kit del asunto subyace en que Javier Lozano goza de todo el conocimiento técnico-legislativo de las reformas en materia de telecomunicaciones y energéticas aprobadas en los últimos doce meses, por lo que no se necesita ser erudito en la materia ni escarbar en el terreno de la especulación, para deducir que simple y llanamente hizo lo que la mayoría de los influyentes coordinadores parlamentarios, presidentes de las comisiones más rentables del congreso federal y los dirigentes de los partidos dominantes hacen para sacarle monumental provecho a sus cargos y responsabilidades. No es casualidad ni es coincidencia que el exsecertario del Trabajo cayó como anillo al dedo en esas dos importantes comisiones de las que salieron dos de las reformas de gran calado que el gobierno de la república, las bancadas del PRI-Verde y el PAN pusieron a discusión en petit comité y entregaron en bandeja de plata a los peligrosos inversores golondrinos y buitres que acechan y hostigan a los parlamentos tercemundistas para hacerse de los servicios y recursos naturales de esos países, gracias a personeros y mercaderes que abundan en la partidocracia mexicana. Disentirán algunos que no es el primer caso ni el último; en efecto, no lo son. Sin embargo, para seguir exigiéndole al presidente Peña Nieto, a su cónyuge, a sus colaboradores Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y a José Murat, entre muchos otros, que se separen de sus cargos para ser investigados por el presunto tráfico de influencias del que presuntamente han obtenido propiedades multimillonarias como consecuencia de asignar o simular licitar proyectos de obras por miles de millones de pesos a empresas constructoras que descaradamente les han “vendido” o “arrendado” a precios ridículos, dichas propiedades en lugares exclusivos. Honestamente con tramposos como el senador, la “oposición” carece de argumentos éticos para combatir a la clase política gobernante porque adolece de los mismos vicios y practica el abuso del poder tanto como el que más. El abuso del poder y el tráfico de influencias no son calamidades del siglo XXI, es una inercia que se arrastra desde que el hombre descubrió como sacarle provecho a ejercicio del poder público, y eso data desde las primeras organizaciones humanas. La bronca es que ya se convirtió en una pandemia, y avanzando; por eso no es casualidad tampoco que organismos privados, generalmente adictos al poder de Washington, ubiquen a México a la cabeza de los países más corruptos del planeta. Por cierto, disculpen el paréntesis para enmarcar la gravedad del asunto. Resulta que en la lista impopular en la cual se nos coloca como segundo lugar en impunidad, aparecen rezagadas naciones como Estados Unidos de América donde los policías de raza blanca matan a miembros de las minorías y los desquiciados mentales asesinan inocentes al por mayor, sin que haya justicia plena; o España, que es un ejemplo de la transa grande y que tiene al país ibérico en la bancarrota, o Brasil, donde la izquierda de Lula Da Silva y Dilma Roussef son una copia fiel de Pemex, de cómo saquear a la principal fuente de ingresos, en el caso brasileño Petrobras. Con la transa grande a todo galope, sinceramente dudo que haya alguien con la humildad, decencia y la tribuna tan alta, para alzar la voz y convocar a detener el vulgar y degenerado atraco a los bienes públicos y recursos naturales desde el confort y el blindaje de impunidad que brinda ser destacado miembro de la elite que regentea el poder en México. De ninguna manera se trata de ser pesimista, pero la verdad no veo por donde podamos contener tanta transa y hacer pagarlos por su crímenes. Si alguien me dice que los 500 diputados de la próxima legislatura federal tendrán la posibilidad de cambiar el derrotero, pensaré que me quiere ver la cara de estúpido. Por lo pronto ya me siento mejor porque pude desintoxicarme de tanto picor poblano, y espero tener la próxima vez en el estómago algún derivado lácteo que me atenúe los efectos cuando lea el siguiente caso de conflicto de interés. P.D. En Chihuahua hay muchos con conflictos de interés, pero uno destaca como el más prolijo en el tráfico de influencias. Ya ha sido coordinador parlamentario en dos ocasiones. Por: Manuel Narváez Narváez Email: [email protected] Twitter: @manuelnaravez65